Incluyen un Sistema de Salud para el Bienestar
Por Reyes Gamez
Monterrey, México (Agencia de Noticias 3er Sector).- Buscando garantizar el acceso a los programas sociales que brindan apoyos económicos a la población que tenga discapacidad permanente, a las personas mayores de 68 años, becas para las y los estudiantes en condición de pobreza, es que en la Cämara de Diputados aprobaron el artículo 4 de la Constitución.
En el dictamen se menciona que "el Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a quienes tengan discapacidad permanente, en los términos que fije la ley, con prioridad a menores de 18 años, así como indígenas en esta condición hasta la edad de 64 años, además de quienes estén en situación de pobreza".
Detalla que "de igual manera, se determina que las personas mayores de 68 años tendrán derecho a recibir del Estado una pensión no contributiva en los términos que fija la ley. En el caso de las y los indígenas esta prestación se otorgará a partir de los 65 años.
También habrá un sistema de becas para estudiantes de todos los niveles escolares pertenecientes a familias en condición de pobreza para garantizar, con equidad, el derecho a la educación".
En el dictamen aprobado en lo general con mayoría calificada de 385 votos a favor, 49 en contra y 18 abstenciones establece que se creará un Sistema Nacional de Salud para el Bienestar, con el fin de que haya extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de estos servicios.
Sobre dicho tema, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), dijo que la reforma constitucional está fundada en uno de los ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, denominado Política Social, que se plantea como principal objetivo construir un país en que la población viva en un entorno de bienestar.
Mencionó que esta reforma permitirá enfrentar los desafíos en los servicios de atención médica de las instituciones públicas y establecer un Estado igualitario y fraterno que garantice que los pobres y los olvidados tengan protección ante incertidumbres económicas, desigualdades y desventajas, que vivan sin angustias y temores.
La legisladora aclaró que la creación del Sistema Nacional de Salud para el Bienestar, es el mismo que ya se encuentra en la Ley General de Salud, y no de uno adicional, y que los apoyos destinados a estos instrumentos sociales no podrán ser disminuidos en términos reales respecto del asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
Explicó que, según la opinión del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de esta Cámara de Diputados, el impacto presupuestal asciende a 95 mil 730 millones de pesos para el Sistema de Salud para el Bienestar, cuyos recursos se contemplan en el Presupuesto de Egresos de la Federación; 128 mil 349 millones de pesos para Adultos Mayores y 14 mil 197 millones de pesos para Personas con Discapacidad Permanente.
En el Sistema de Becas Educativas se establece en el nivel básico más de 30 mil millones; Benito Juárez, Becas de Educación Media Superior, más de 28 mil millones de pesos; Becas Elisa Acuña, que son de Profesionalización de Egresados y Docentes, más de 4 mil 174 millones de pesos de pesos; Jóvenes Escribiendo el Futuro, 7 mil 776 millones de pesos.
“Todos estos recursos ya se encuentran contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que no habrá un impacto adicional con la aprobación de la presente reforma”, expresó Alavez Ruiz .
Integrantes de diferentes grupos parlamentarios, llamaron a no usar este tipo de programas con lo que denominaron "tintes populistas".
“Hoy vemos que las reformas planteadas no son las adecuadas para garantizar los derechos sociales ni se contemplan los mecanismos económicos para lograrlos, dadas las múltiples faltas de forma y de fondo que vemos en el dictamen; votaremos en contra del mismo”, expresó el diputado por el PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba.
Mientras que la diputada Alejandra García Morlan (PAN), calificó la reforma de populista e inconstitucional porque lo último que busca es el bien de las personas. Se opuso a elevar a rango constitucional programas que deberían ser política pública, ya que enfatizó que no se debe ver a las personas “como alguien a quien el gobierno tenga que estar regalándole dádivas y construir una dependencia clientelar”.
En tanto que la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez (PRD), dijo que los derechos sociales en la Constitución deben garantizarse sin estar sujetos a los “vaivenes de la política”, ya que “nos preocupa que al elevar a rango constitucional estos derechos, queden en letra muerta”.
Esparza Márquez, enfatizó que para contar con un sistema de salud como el que existe en los países nórdicos, es necesario tener la economía, el sistema de derecho y la cultura de legalidad de esas naciones.
Cynthia Iliana López Castro, del PRI, señaló que decir que los derechos se darán de forma progresiva, no significa que son universales; al contrario “son discriminatorios porque habrá toda una generación a la que no le toquen esos derechos. El hecho de quererlo poner en la Constitución evidencia que es una intención electoral demagógica”.
El diputado Marco Antonio Adame Castillo (PAN), dijo que la reforma “no es el medio adecuado para construir las condiciones de justicia y equidad que exige la sociedad”, recordó que los derechos declarados, enunciados o aprobados, “no son derechos garantizados”.
Enfatizó que los recursos del presupuesto no son suficientes ante el delicado momento que vive la economía y “donde la suficiencia presupuestal o la posibilidad real de apoyar estos buenos deseos quedaría en letra muerta”.
Integrantes de otros grupos parlamentarios se manifestaron a favor de la reforma, ya que Ana Karina Rojo Pimentel (PT) manifestó que su bancada ve esta reforma constitucional como oportunidad para avanzar en la agenda del desarrollo y acercar a los grupos con mayores condiciones de vulnerabilidad a más y mejores oportunidades.
“Sabemos la importancia de implantar acciones con el propósito de crear condiciones favorables que contribuyan a asegurar, que estos sectores de la población tengan inclusión plena”, mencionó Rojo Pimentel.
La diputada de Morena, Miroslava Sánchez Galván, dijo que el dictamen busca garantizar los derechos sociales, al establecer la protección de la salud dando la prestación de servicio a quien no tenga seguridad social; además, el gobierno tendrá que entregar un apoyo económico a las personas con discapacidad, y las personas mayores de 68 años e indígenas mayores de 65 recibirán como un derecho del Estado, una pensión no contributiva.
Mientras que el el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez (PVEM) refirió que el dictamen es trascendental para combatir y atender a la pobreza; ya que subrayó que esta propuesta asegurará el acceso a los servicios de salud, de manera particular para las personas que no tienen seguridad social. También, garantizará la entrega de apoyos económicos a personas con una discapacidad permanente, menores de edad e indígenas.
El diputado Ernesto Palacios Cordero (Morena) manifestó su voto a favor del dictamen porque es una reforma de “avance social irreversible”, en la que no gana un gobierno ni un partido; abona al estado de bienestar para que no haya personas adultas mayores desamparadas, estudiantes que dejen la escuela y que las personas con discapacidad tengan el respaldo del Estado.
La Cámara de Diputados turnó al Senado el dictamen que reforma el artículo 4 constitucional en materia de bienestar.
