El Senado busca ampliar la inclusión y mejorar calidad de vida de comunidad sorda
Por Reyes Gamez
Monterrey, México (Agencia de Noticias 3er Sector).- El Senado aprobó reformas a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para garantizar la formación de personal de salud y educativo apto para comunicarse en Lengua de Señas Mexicana con la comunidad sorda, sin embargo no dotaron un presupuesto para dichos fines.
Ya que las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social entregaron una propuesta de adenda al proyecto de decreto, para que el artículo Transitorio Segundo establezca que: "Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se realizarán con cargo al presupuesto aprobado para los ejecutores de gasto que correspondan, por lo que no se autorizan recursos adicionales para tales efectos para el presente ejercicio fiscal ni subsecuentes”.
La Senadora Patricia Mercado Castro dijo que a estas reformas hay que dotarlas de un presupuesto para poder capacitar a los servidores públicos, que no quede solamente como una buena intención del Senado con la comunidad sorda.
"Es una reforma por demás muy importante a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para incorporar, como se ha dicho, la Lengua de Señas Mexicana en diversos procesos de comunicación, educación y salud. Por eso, esta reforma contempla un modelo de atención que hace posible que diversos servicios públicos sean accesibles a ellas. Evidentemente tenemos que demostrar nuestra convicción de apoyar el desarrollo de las personas sordas con reformas que cuenten con un sistema financiero; de lo contrario, la reforma podría quedar solamente en papel, como una buena intención que no se puede llevar a cabo. Necesitamos recursos para la formación, capacitación y pago de los servicios de intérpretes y traductores de la lengua de señas mexicana al castellano y a otras lenguas. No tener intérpretes o traducción a lengua de señas, equivale a ser excluido, como extraños en su propia comunidad. No destinar un presupuesto creciente equivale a abandonar a su suerte a 700 mil personas que tienen discapacidades auditivas", subrayó Mercado Castro.
Lamentó que "no tendremos posibilidades o la Cámara de Diputados no tendrá posibilidades el año que entra y el que sigue de poder poner en la mesa quizá una variación en las prioridades del presupuesto público para que esta educación bilingüe y todo lo que plantea esta reforma y este dictamen, pueda ser posible".
En su intervención la Senadora Claudia Edith Anaya Mota dijo que la adenda va limitar el el recurso para la implementación del presente dictamen no solamente en este año, sino en los años subsecuentes, por lo que en el Senado no deben ser hipócritas con la comunidad sorda ni con las personas con discapacidad del país.
"Así no estaba el dictamen original. Lamento mucho el transitorio que estamos poniendo, no se le debe poner “los años subsecuentes”, en este año se entiende que no porque este año está prácticamente por acabar y el presupuesto está aprobado, pero ¿por qué para el presupuesto 2022 y los que siguen no tiene que haber partidas presupuestales? que, pongámosle “progresivas”. Habrá partidas presupuestales progresivas, para que paulatinamente se logre la incorporación del Lenguaje de Señas en la educación inclusiva, necesaria para la comunidad sorda.
Somos o no somos, no seamos hipócritas con la comunidad sorda ni tampoco con la comunidad discapacitada. Es muy importante que nuestras compañeras, amigas, personas con discapacidad, entiendan que entendemos los conceptos y las obligatoriedades que nos marca la convención, que entendemos sus derechos, pero sobre todo que estamos dispuestos a actuar en consecuencia".
Anaya Mota señaló que el pleno reconocimiento ante la ley de las personas de la comunidad sorda no va solo en querer realizar una acción afirmativa, ya que "estamos poniendo en la ley dos cosas básicamente. Uno, reconocemos que para la comunidad sorda la Lengua de Señas no solamente es un instrumento comunicacional, sino que es parte de su patrimonio lingüístico y que es necesario para que ellos puedan desarrollarse plenamente.
La inclusión de las personas con discapacidad bajo el paradigma de la convención reconoce un cambio del modelo médico asistencial al modelo social y esto significa que es el entorno lo que tiene que cambiar, no la persona con discapacidad; que son las instituciones, las escuelas, las aulas, los que tienen que generar condiciones para que las personas con discapacidad se incluyan.
Entonces, nosotros en la ley reconocemos que las personas con discapacidad principalmente accesan al conocimiento y al proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la vista, que tienen, más allá de una herramienta, un lenguaje que han logrado construir a través de los años y que es parte de su patrimonio como comunidad, y que lo necesitan.
Y en otro artículo viene que lo necesitan como una acción afirmativa para la educación inclusiva, y después le ponemos “pero no va a haber dinero para eso”. Ah, ¿entonces para qué hacemos el reconocimiento si decimos que ni en este año ni en los que siguen te voy a dar dinero para que implementes la Lengua de Señas como un instrumento comunicacional de acción afirmativa necesario para que la comunidad sorda pueda incorporarse plenamente a la educación inclusiva?".
El Senador José Alfredo Botello Montes mencionó que las reformas son fundamentales ya que la Secretaría de Salud deberá promover la formación e incorporación de personal médico capacitado en uso de LSM y la Secretaría de Educación tendrá que promover el desarrollo de un modelo de educación bilingüe entre la lengua de señas mexicanas y el español y las lenguas indígenas de acuerdo al contexto cultural favoreciendo la adopción de la lengua de señas y para que la LSM sea reconocida como una lengua nacional y forme parte del patrimonio lingüístico con que cuenta nuestra nación, así como que las personas con discapacidad tengan el derecho de elegir la forma de comunicación y lengua que mejor convenga.
Pero "reglas de operación sin presupuesto son reglas muertas. Que haya presupuesto para hacer realidad lo que hoy estamos aprobando, y aún hay tiempo porque el presupuesto apenas se va a estar discutiendo en Cámara de Diputados, de tal manera que se podía hacer un llamado para que no esperar un año o más, sino desde ahora se pueda aplicar un recurso para ello y se pueda atender esta disposición que estamos ahorita exponiendo".
Mientras que el Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria enfatizó que "política pública sin presupuesto es demagogia. Podemos entender las limitaciones presupuestales, pero en realidad cuando no generamos un proceso donde el ejercicio de derechos tiene cómo y cuándo, y dónde, y quién, y con qué, en realidad lo que estamos haciendo de la ley no es un principio de política, sino un principio de doctrina general de buenos principios".
Álvarez Icaza Longoria dijo que la progresividad de los derechos de las personas de la comunidad sorda no debe verse impedido por la limitación presupuestal, ya que entonces va continuar la deuda del Estado con este sector de la población.
"Esto tiene que estar acompañado de presupuesto, y lo que no podemos por vía de un transitorio, blindar para que esto no sea así; lo que estamos haciendo es, legalmente impedir que pueda haber un ejercicio de gradualidad. Puedo entender las limitaciones, por ejemplo, de un año de inicio. Puedo entender que se puede generar un ajuste razonable, pero lo que es de acompañar es que en la ley blindemos para que en los sucesivos ejercicios no pueda crecer, cuando estamos reconociendo que el Estado tiene una deuda con la comunidad sorda. Cuando estamos reconociendo que hay una deuda en materia de vigencia de derechos", enfatizó el Senador.
Agregó que "este transitorio, entiendo, es un desacierto, puedo entender la obligación, pero yo sí hago un llamado a mis compañeros de Morena.
Compañeros, ustedes en la oposición lideraron la batalla de muchos temas en el ámbito de derechos humanos, hoy como gobierno tienen la doble responsable de hacer realidad estos principios y, por supuesto, que celebro lo que dijo el Senador Ovidio, de que en Sinaloa nuestro colega con licencia, el Senador Rubén Ochoa, lo aplique e invito a oposición y gobierno para que sus gobiernos estatales lo hagan, pero lo que no podemos hacer es que toda las luchas sociales que los llevaron acá no tengan un correlato presupuestal, eso no puede ser.
Yo, de la manera más humilde les invito y les evoco sus luchas para que podamos trabajar en esa ruta, si no ahorita, en lo subsecuente, porque sí es fundamental que los derechos tengan presupuesto".
En las reformas aprobadas con 91 votos a favor, se establece que la Secretaría de Salud deberá promover la formación e incorporación de personal médico capacitado en el uso de la Lengua de Señas Mexicana. La Secretaría de Educación Pública, en tanto, tendrá que impulsar el desarrollo de un modelo de educación bilingüe entre la Lengua de Señas Mexicana, el Español y las Lenguas Indígenas, de acuerdo al contexto cultural. Además las reformas plantean que las personas de dicha comunidad podrán elegir la forma de comunicación y lengua que mejor convenga a sus intereses, por lo que todas las autoridades tienen la responsabilidad de proteger, promover, respetar y garantizar este derecho.
La Senadora Elvia Marcela Mora Arellano al presentar el dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social, así como de Estudios Legislativos, Segunda, dijo que "las instituciones del Estado las entidades en las que recae la garantía de los derechos de las personas sordas y de toda persona con discapacidad, poco se hace por avanzar a formar al personal suficiente para incluirlas y ofrecerles los servicios adecuados. Nos corresponde a nosotras y nosotros como servidores públicos encabezar esta toma de conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad".
Por lo que "debe quedar claro que la inclusión de las personas con discapacidad, y por cuanto hace al dictamen que hoy presentamos, en la sociedad no es un acto de voluntad este tipo de iniciativas, todas y todos estamos obligados a trabajar sobre nuestros prejuicios y limitaciones para vincularnos con las personas con discapacidad, no sólo por generosidad, sino porque es lo mínimo que podemos hacer en respeto por sus derechos".
Detalló que "el dictamen, es una armonización de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad con el espíritu de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, mismo al que México es firmante. Este dictamen se propone modificar la definición de la comunidad sorda en la ley para considerarla como una comunidad lingüística con características que van más allá de la deficiencia, de la capacidad para la audición.
Por otro lado, se insiste en que los derechos a la salud y a la educación no pueden realizarse sin las entidades que encabezan ambos sectores no promueven la formación de personal apto para comunicarse con las personas sordas. Finalmente, se introduce en la ley una disposición que refrenda la exigibilidad del derecho de las personas con discapacidad a que se dispongan los ajustes razonables a fin de establecer comunicación adecuada con terceros. Estas reformas fortalecen el principio de inclusión en nuestra ley".
