El Estado debe procurar a las mujeres con discapacidad una vida libre de violencia
Por Reyes Gamez
Monterrey, México (Agencia de Noticias 3er Sector).- Rosa Elia Morales Tijerina, presentó en el Congreso de Nuevo León una iniciativa de reforma a la Constitución Política de la entidad, con la que buscará garantizar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás.
El pasado 4 de junio Morales Tijerina, quien se encontraba ejerciendo el cargo de Diputada Federal, señaló que su iniciativa de reforma al Artículo 3 de la Constitución Política de Nuevo León, propone brindar el apoyo y los ajustes necesarios para permitir el ejercicio de la capacidad jurídica y garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.
Detalló que técnicamente y de manera general, la capacidad jurídica es la facultad de una persona de ser titular de derechos y obligaciones, ejerciendo los primeros y contrayendo, exigiendo y cumpliendo jurídicamente las segundas por derecho propio. A la primera de dichas vertientes se le conoce como capacidad de goce, mientras que a la segunda se le denomina capacidad de ejercicio. Ambos significados se encuentran estrechamente vinculados y constituyen herramientas fundamentales para que una persona pueda participar en la vida jurídica de manera directa y personal.
Morales Tijerina subrayó que la capacidad jurídica es la llave de acceso a todo el sistema legal, puesto que sin ella no se puede ejercer plenamente ningún derecho, ni se tiene acceso a la justicia, ni se puede hablar del concepto de igualdad formal ante la ley, ya sea en lo sustantivo o en lo procedimental.
Señaló que el derecho a la capacidad jurídica es un derecho humano fundamental, progresivo y complejo en cuanto a su concepto y regulación. Se relaciona de manera directa con la facultad de tomar decisiones libremente, sin estar sujeto a limitantes, sin imposiciones y ejerciendo la voluntad de realizar o no un acto.
El derecho a la capacidad jurídica se expresa a través de la celebración de actos jurídicos. La discriminación en este sentido se encuentra no sólo en la posibilidad legal de celebrar o no un acto, sino también -en un segundo nivel, más amplio e informal- en que las personas no cuentan con los apoyos necesarios para ejercer su voluntad, autonomía, independencia y vida en comunidad.
Morales Tijerina indicó que el ordenamiento jurídico actual viola de diversas maneras, tanto directa como indirectamente, el derecho a la capacidad jurídica de diversos grupos de la población, por lo que esta situación resulta preocupante, ya que se enmarca en un contexto amplio de discriminación, estereotipos, estigmas y prejuicios sociales. Fundamentalmente, de lo que se habla es del derecho de cualquier persona a expresar su voluntad y de que el sistema legal respete y otorgue valor jurídico a dicha voluntad, generando con esto apoderamiento e independencia para la vida en sociedad en igualdad de condiciones.
La también promotora de los derechos de las personas con discapacidad, dijo que es importante emprender en México y en Nuevo León una reforma comprensiva -cualitativa y cuantitativa- del sistema de capacidad jurídica a través de la reforma de todos y cada uno de los códigos civiles, familiares y procedimentales así como de otras disposiciones legales que se relacionan con el ejercicio de la voluntad, el apoderamiento y la vida en comunidad.
Morales Tijerina también estuvo presentando una iniciativa de reforma a la fracción lX del artículo 31 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que en Nuevo León las mujeres con discapacidad tengan información en formatos accesibles y en Lengua de Señas Mexicana que les sirvan para prevenir la violencia, así como que conozcan los mecanismos que les permiten realizar una denuncia, además de saber que cuentan con redes de apoyo tanto del sector público como de la sociedad civil organizada.
Morales Tijerina recordó que en el "Diagnostico Sobre la aplicación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en e Estado de Nuevo León" de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, -en el cual ella estuvo participando en las mesas de trabajo-, se señala que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), las Normas Uniformes sobre la lgualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad han sido muy claros al momento de establecer que son imprescindibles las acciones concretas, específicas y claras cuando se aborda el tema de discapacidad en las mujeres.
Agregó que la CDPD en su preámbulo establece que las mujeres y las niñas con discapacidad están más expuestas, dentro y fuera del hogar, a la violencia, a las lesiones o al abuso, así como a los malos tratos y la explotación. Además, en su artículo sexto reconoce específicamente los derechos de las mujeres con discapacidad, asentando que éstas están sujetas a múltiples formas de discriminación, por lo tanto, le corresponde al Estado adecuar todas las medidas legislativas y de otra índole para garantizar y proteger sus derechos y libertades fundamentales.
Subrayó que de aprobarse su iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los legisladores de Nuevo León lograrían una una transversalidad con la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad que menciona que el Estado debe promover el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en condiciones equitativas.
Morales Tijerina junto con Sylene Moreno Salcido presentaron una iniciativa de reforma a diversos artículos del Código Civil de Nuevo León, en relación a salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad, así como otra iniciativa de reforma a los artículos 167 y 168 de la Ley Ambiental en relación del uso de popotes.
Hay que recordar que las personas con discapacidad confían en los popotes como tecnología asistencial diaria. Históricamente y hasta el día de hoy, los popotes o pajillas de plástico de un solo uso han proporcionado a las personas con discapacidad acceso a la independencia, la integración en la comunidad y la vida pública.
Morales Tijerina subrayó que es prioritario el dejar de producir tantos residuos de popotes de plástico, pero es fundamental que en ese proceso se garantice a las personas con discapacidad el acceso a la tecnología asistencial.
