El liderazgo de las Pcd permite garantizar el acceso universal a servicios básicos mediante enfoques específicos y transversales
Por Reyes Ramiro Gamez Barboza
Monterrey, México, Agencia de Noticias 3er Sector.- El Gobernador Samuel García Sepúlveda, informó que en el Paquete Fiscal 2025 se incluyen “proyectos de discapacidad”, ya que para el sector Salud “se consideran apoyos por 147 mdp para las Personas con Discapacidad”, el detalle es que desde la Oficina del Gobernador siguen perpetuando el modelo médico-asistencalista, pero peor parece es que no atienden las demandas de las más de 800 mil personas con discapacidad en los temas de empleo, recreación, cultura, deporte, capacidad jurídica, erradicar la violencia contra las mujeres con discapacidad.
Desde el 8 de diciembre del 2023 en la entidad se cuenta con el Plan Estatal de Discapacidad, además algunos funcionarios estatales durante el primer semestre del 2024 pidieron licencia a su cargo, lo hicieron para tener una candidatura a un puesto de elección popular, durante sus días de campaña sostuvieron reuniones con ciudadanos con discapacidad quienes les hicieron saber lo que requieren de las autoridades para ejercer plenamente sus derechos, pero tal vez son de memoria corta los funcionarios, ya que tras perder la elección y regresar a sus cargos pues no le dijeron al Gobernador de hay un documento que nos entregaron los integrantes del Consejo para las Personas con Discapacidad, Plan que nos puede guiar para crear un presupuesto transversal e interseccional, además de haberle podido decir a García Sepúlveda lo que realmente ocupan la población con discapacidad, quienes frente a frente se lo dijeron a esos funcionarios o funcionarias que hicieron campaña.
Pero pues al leer el proyecto del Paquete Fiscal uno se da cuenta que nada sirvieron que los integrantes del Consejo para las Personas con Discapacidad hayan informado que durante el 2024 sostuvieron reuniones con el personal de las Secretarías para lograr incidir en el diseño y planeación de los presupuestos de las dependencias , ya que las grandes ausentes son la transversalidad y la interseccionalidad .
Es bueno que la Secretaría de Igualdad e Inclusión haya implementado un programa de apoyo económico a las personas con discapacidad mayores de 30 años, aunque el Estado no ha decidido que quede en la Ley, si estuviera en la legislación pues entonces uno no tendría que ver una nota del diario El Norte en la que informó que un grupo de personas con discapacidad realizaron una protesta ya que van tres meses que no les dan el apoyo, luego uno lo reconfirma , ya que una persona con discapacidad que es cercana a uno al preguntar le si es beneficiaria del programa estatal, dice que sí, pero que desde agosto no les han entregado el apoyo.
Además el Gobernador anda pendiente en firmar el convenio de universalidad de la Pensión No Contributiva de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México, dicho apoyo es un derecho constitucional al que deben acceder las personas con discapacidad de 30 a 64 años, ya que aunque tengan un empleo formal, pues a veces el salario que reciben no es en igualdad al resto de sus compañeros trabajadores.
La pregunta que queda en el aire, es si los ciudadanos y las ciudadanas con discapacidad que integran el Consejo realmente establecen canales de comunicación con la población con discapacidad de la entidad, ya que es importante que esos ciudadanos en las juntas mensuales del Consejo realmente le digan al Estado que políticas públicas deberán implementarse y un uso de un gasto público que realmente permita a la población con discapacidad ejercer de manera plena sus derechos.
Hasta ahora ha tenido nula difusión el contenido del Plan Estatal de Discapacidad, tal vez solamente lo han socializado entre los servidores públicos, pero es vital el Estado invierta para difundirlo entre la población con discapacidad, ya que al informarse podrán ejercer un mayor liderazgo que les permita fortalecer su participación ciudadana, es el momento de ver más personas con discapacidad incidiendo en lo público, no dejemos que sea siempre el mismo puñado de activistas y representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil que hablan de los temas, en las mesas de trabajo o reuniones con funcionarios estatales se deben ver a las personas con discapacidad que manifiestan tener problemas para ejercer su derecho a la salud, transporte, trabajo, accesibilidad, acceso a la justicia, entre otros temas, ya que sus propuestas y liderazgo es igual de valioso como de la persona que se denomina activista.
El 2025 debe ser el año en que las más de 800 mil personas con discapacidad que habitan en Nuevo León tengan mayor conocimiento de los instrumentos que garantizan sus derechos y usen esas herramientas para que desde el liderazgo logren garantizar el acceso universal a servicios básicos mediante enfoques específicos y transversales, a través de actividades como consultas, recopilación y análisis de datos, así como apoyo a los esfuerzos de promoción y rendición de cuentas.
Ya que el liderazgo de las personas con discapacidad queda plasmado en el lema del movimiento mundial por los derechos de las personas con discapacidad "Nada sobre nosotros sin nosotros". En él se condensan los principios de participación, representación e inclusión. Este lema pone de relieve, además, la importancia de que las personas con discapacidad sean protagonistas en la toma de decisiones sobre sus vidas.
