El Juez Cívico citará a quien tenga la custodia o tutela legal del presunto infractor, para el desarrollo de la audiencia
Con información de Jorge Galván Navarro
Monterrey, México (Agencia de Noticias 3er Sector).- El Municipio de Guadalupe, Nuevo León, se convirtió en el primero del Estado en aprobar su Reglamento de Justicia Cívica, que impulsa acciones para que los adolescentes resuelvan las faltas administrativas que cometan a través de procesos orales.
Por lo que ahora se ha puesto en funcionamiento el primer Juzgado Cívico en Guadalupe, enfocado en evitar que los adolescentes infractores cometan delitos graves, además se busca disminuir las riñas y el consumo de drogas y alcohol.
"Para el Gobierno de Guadalupe, la apertura de esta Primera Sala, es dar un paso importante para un modelo de justicia, enfocado a la reconstrucción de la comunidad y la paz, mediante la prevención", expresó la Alcaldesa Cristina Díaz Salazar.
En la nueva sede, ubicada en el patio trasero de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se espera que los jueces del Sistema de Justicia Cívica Municipal atiendan un aproximado de 45 casos por semana.
Cabe aclarar que la sanción que recibirá un adolescente infractor deberá ser acorde con el perfil del riesgo, destacó la Alcaldesa.
Adicionalmente, se dará seguimiento a cada caso, en apoyo a los menores infractores y a su núcleo familiar, con la finalidad de provocar un cambio en la comunidad.
"Buscamos medidas que logren ese cambio en nuestra sociedad, para tener ciudadanos de bien, trabajamos para mejorar la convivencia y evitar el escalamiento de la violencia. En Guadalupe estamos listos para la Justicia Cívica, que nos permitirá identificar personas que requieren atención y canalizarlos a programas adaptados a sus necesidades", sostuvo la edil.
Previamente, añadió, el Cabildo de Guadalupe aprobó la ratificación de los nombramientos de los jueces del Sistema de Justicia Cívica Municipal, que serán apoyados por un equipo multidisciplinario.
El Juez Cívico citará a quien tenga la custodia o tutela legal del presunto infractor, para el desarrollo de la audiencia.
