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Movimiento Tres Doce le señala a AMLO que no se debe retroceder en los derechos de las Pcd

Inclusión Social
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La reducción presupuestaria en el sector social afecta, no sólo a la Pcd, sino también a sus familias

Por Reyes Gamez/Agencia de Noticias 3er Sector

Monterrey, México.- Desde el Movimiento Tres Doce le señalan al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador la importancia de mantener igual o incrementar el presupuesto relacionado con la inclusión de las personas con discapacidad, ya que subrayan que el Estado Mexicano debe evitar caer en un retroceso del pleno ejercicio de los derechos de este sector de la sociedad.

 

Los integrantes de las diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil que conforman el Movimiento Tres Doce manifestaron "su profunda preocupación respecto de la reducción de presupuesto en las instituciones públicas de orientación social y que inciden en los derechos de las Personas con Discapacidad. Se trata no sólo de instituciones que les apoyan directamente con becas o subsidios, sino sobre todo de aquellas encargadas de diseñar, operar y evaluar legislaciones, políticas públicas y buenas prácticas que tiendan a cerrar las brechas de desigualdad y a garantizar la igualdad de trato y oportunidades. Los privilegios también se construyen cuando se adopta una única visión, la de las personas sin discapacidad, para la construcción de las instituciones, la cultura política y los espacios literales y simbólicos de la vida social. Estos privilegios generan desigualdades e injusticias que se han venido depositando sobre las personas con discapacidad".

Le recordaron al Jefe del Ejecutivo Federal, a los integrantes del Poder Legislativo y a los Secretarios federales que en México "al menos 10 millones de personas experimentan alguna discapacidad", además de que "la lucha por los derechos de las Personas con Discapacidad tiene una historia que han marcado la vida democrática en este país. Desde las exigencias por una vida independiente, el activismo en torno a la ratificación sin reservas de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la exigencia del cumplimiento de sus disposiciones, organizaciones de y para Personas con Discapacidad han conocido triunfos y, también, dificultades estructurales para acabar con la discriminación asociada a esta condición", por lo que "en esta perspectiva, no es posible retroceder en los avances logrados".

Agregaron que "el movimiento de y para Personas con Discapacidad ha adoptado desde hace muchos años como bandera de lucha el lema “Nada sobre nosotros sin nosotros”. Éste expresa la idea de que ninguna medida, programa, legislación o política pública que incida sobre los derechos de ellas puede hacerse sin su participación plena. Esta premisa ética, ahora, es un mandato legal derivado de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que el Estado mexicano ha ratificado y que, por tanto, forma parte de su marco normativo inexcusable. En ejercicio de esta facultad nos dirigimos a ustedes para exigir que la política social sobre las personas con discapacidad esté dotada de la suficiencia presupuestal y la voluntad política necesarias para dar realidad a los derechos de estas personas, como parte fundamental de la democratización del país y la lucha contra los privilegios injustamente construidos".

Subrayaron que "desde la sociedad civil, nosotras y nosotros hemos permanecido cerca de la política social en materia de Personas con Discapacidad, evaluándola, criticándola y señalando lo que nos parecen sus aciertos y áreas de oportunidad. Las herramientas de la transparencia y la rendición de cuentas no nos son ajenas", por lo que "nuestro compromiso es, en sintonía con este gobierno, apoyar en el combate a la corrupción y la racionalización de los recursos públicos en materia de discapacidad. Pero, también, exigimos que el presupuesto asignado a Personas con Discapacidad, que consideramos resulta insuficiente y que pone en riesgo los avances logrados, sea ejercido de manera racional y acorde con los compromisos de México en derechos humanos".

Ya que "el sentido común indica que menos dinero, es sinónimo de menos posibilidades de acción, de desarrollo, de integración y de menores opciones para aspirar a una mejor calidad de vida. Entendemos el proceso anunciado por el nuevo gobierno para otorgar menos recursos económicos para la operación de diversas áreas. Sin embargo, la reducción presupuestaria en el sector social afecta, no sólo a la persona que vive en condición de discapacidad, sino también a sus familias", ya que "históricamente, han sido éstas  las que han tenido que asumir el costo de la discriminación asociada a la discapacidad, por lo que aprovechamos la oportunidad para recordar que sigue siendo una asignatura pendiente la creación de un Sistema Nacional de Cuidados con perspectiva de derechos humanos y, sobre todo, de género".