Llaman a eliminar términos ofensivos como "disminuidos"
Madrid, EFE.- El Gobierno ha pedido perdón a las mujeres con discapacidad que durante décadas han sido esterilizadas sin su consentimiento y las ha reconocido como víctimas, cuando se cumple un año de la prohibición en la ley de esta práctica que vulnera derechos humanos y deja grave secuelas de por vida a estas personas.
"Nunca debió vulnerarse de esta manera el derecho de las mujeres con discapacidad a decidir sobre sus propios cuerpos, ni debimos tardar tanto tiempo en prohibir esta práctica", ha dicho la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en un acto institucional por el Día Internacional de la Discapacidad, que se ha convertido en un reconocimiento público y oficial al sufrimiento de estas mujeres.
"En mi nombre y en nombre del Gobierno de España quiero pediros perdón", ha aseverado Belarra, acompañada de la ministra de Igualdad, Irene Montero, quienes se han comprometido a cambiar y mejorar el futuro de las niñas y mujeres con discapacidad, "con mirada feminista, con sororidad y sobre todo con cariño".
Además, Belarra ha apelado a las Cortes a aprobar con urgencia la reforma de la Constitución para eliminar términos ofensivos como "disminuidos" e incorporar un enfoque de derechos más exigente.
"Me gustaría que esta reforma encontrara el mismo respaldo que la que acabó con las esterilizaciones forzosas; el consenso parlamentario es un deber de Estado", ha asegurado.
También Montero ha destacado la responsabilidad de reformar el artículo 49 de la Carta Magna y de seguir trabajando para "romper el silencio y los tabúes" sobre la violencia que sufren las mujeres con discapacidad para garantizar "sus derechos y su dignidad".
CRISTINA Y LOLI, LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS
"Mis padres me dijeron que no valdría nada, que nunca sería nada en la vida; lograron manipularme para que accediera a ligarme las trompas. 'Serías una irresponsable si tuvieras hijos con la misma enfermedad que tienes', me dijeron. Tengo síndrome de Aspergen", ha relatado Cristina Paradero en el acto institucional.
Es activista y ha conseguido el Premio Nacional de la Juventud 2021, gracias al apoyo que ha encontrado en entidades como Plena Inclusión o Cermi. "Me han acogido, me han dado voz. Con los apoyos necesarios se puede conseguir cualquier cosa".
"Si te quitan el acceso a tu propia sexualidad no te queda nada para empezar a empoderarte", ha señalado Cristina, quien ha reclamado contar con las personas con discapacidad en las instituciones, para que "sea algo normal que estén trabajando en política". "Me gustaría formar parte de ese cambio social".
También Loli Minaño, de la red de mujeres de salud mental, ha explicado su traumática experiencia. "Hace 40 años me ingresaron en un psiquiátrico, me ataron a la cama, me pusieron pañales y me obligaron a perder la custodia de mi hija", ha relatado esta mujer que se ha presentado en el acto como una "víctima violentada por las instituciones".
"Quiero visibilizar mi caso y contar mi experiencia para que las mujeres con discapacidad tengamos más información y seamos más sensibles; te deja muchas secuelas al perder la menstruación, como obesidad mórbida, pierdes vista o descalcificación de huesos".
UNA PRÁCTICA PROHIBIDA QUE SIGUE DÁNDOSE
Hace un año entró en vigor la reforma del Código Penal para prohibir las esterilizaciones forzosas de personas con discapacidad, incapacitadas judicialmente, que en la última década podría haber afectado a un millar de mujeres en España, muchas de ellas adolescentes.
"Pero se siguen dando en España", ha alertado Ana Peláez, miembro del comité de Naciones Unidas que vela por el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y primera mujer con discapacidad en el comité de la ONU contra la discriminación de las mujeres.
Esta experta internacional ha destacado que nuestro país es pionero en la erradicación de esta práctica, pero considera que debe haber "una lucha colectiva para que se mentalice toda la sociedad" y un seguimiento de su prohibición.
"Necesitamos en España conocer cuál es la situación, qué está sucediendo, se ha avanzado con la legislación pero no es suficiente, las prácticas de esterilizaciones consentidas se dan en otras muchas circunstancias porque es protocolo habitual", ha indicado.
Por ejemplo, a algunas mujeres con discapacidad tras un parto con cesárea, "se les esteriliza, porque se dice ya tiene bastante con un hijo, vamos a dejarlas preparadas". O en los colegios "se recomienda a las familias de adolescentes tomar alguna decisión porque el centro no puede atender la higiene menstrual de una adolescente con discapacidad".
La experta de la ONU ha apelado a España a seguir dando pasos para garantizar el consentimiento libre e informado ante cualquier operación o tratamiento. "Las personas con discapacidad tienen derecho a elegir y decidir sobre cualquier cuestión que les afecte sin ninguna limitación".
