El derecho al transporte de las personas con discapacidad no es un acto de "buena voluntad"
Por Reyes Ramiro Gamez Barboza
Monterrey, México (Agencia de Noticias 3er Sector).- La Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad del Estado de Nuevo León garantiza unidades con adaptaciones que permitan el ascenso y descenso seguro de personas con discapacidad, sin embargo un artículo transitorio de dicha legislación señala que “se concede un término de cinco años” desde la entrada en vigor de dicha Ley para que los vehículos sean cambiados por “vehículos que utilicen energías limpias y adaptadas para personas con discapacidad”, pero esperar cinco años no es la mejor opción, cuando se sabe que en la entidad algunos empresarios concesionarios ya cuentan con unidades que pueden ser adaptadas.
Tal vez los legisladores y los integrantes del Consejo para las Personas con Discapacidad confían que en los empresarios concesionarios vayan adquiriendo paulatinamente unidades que desde su fabricación ya vengan con las adaptaciones, pero una legislación no puede quedar a la “buena voluntad”, ya de promesas andan hartas las personas con discapacidad.
Al iniciar el 2020, los ciudadanos han visto incrementos en diferentes productos, en Nuevo León el aumento a la tarifa del transporte público se encuentra en la discusión, por ello es fundamental que el colectivo de personas con discapacidad acuda a exigir al Instituto de Movilidad y Accesibilidad que en esas discusiones que habrá por las tarifas, quede garantizada la accesibilidad universal de las unidades.
La participación ciudadana de las personas con discapacidad es fundamental en la construcción de una sociedad incluyente, los funcionarios públicos y legisladores señalan que en ocasiones desconocen que requiere dicho sector de la población, pues bueno es el momento que las personas con discapacidad se visibilicen en el quehacer público, pero recuerden que toda propuesta que lleven deben entregarla por escrito y que les pongan en su copia el sello oficial de la dependencia en la que fue recibida, para así dejar el antecedente de lo que se solicita a la autoridad y darle seguimiento, no solo basta con ir a entregar el documento y que los reciban en una amena charla los funcionarios o los legisladores.
Es importante que el colectivo de personas con discapacidad haga cumplir la legislación, para que el Congreso y el Estado diseñen los mecanismos que permitan dar incentivos fiscales a los empresarios concesionarios, ya que como dije desde el inicio del texto, algunas rutas urbanas ya cuentan con unidades que ya pueden ser adaptadas.
Hay que señalar que el Consejo para las Personas con Discapacidad de Nuevo León ya va a tener asiento en el Consejo Consultivo de Movilidad y Accesibilidad del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, por lo que deben comenzar a tener reuniones con las personas con discapacidad que acuden a diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), ya que la gran mayoría de los beneficiarios de esas OSC usan el transporte público.
Es fundamental que el ciudadano que vaya a representar al Consejo para las Personas con Discapacidad en el Consejo Consultivo de Movilidad y Accesibilidad, realmente lleve las propuestas de las personas con discapacidad que son usuarias del transporte público, es el momento de que los ciudadanos que fornan parte del Consejo para las Personas con Discapacidad demuestren con resultados lo que dice la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de que el Consejo es “un órgano de consulta y asesoría para coadyuvar en acciones específicas de concertación, coordinación, planeación, promoción, seguimiento y vigilancia de las acciones que permitan garantizar condiciones favorables a las personas que enfrentan algún tipo de discapacidad”.
Ya que desde el Consejo para las Personas con Discapacidad, los ciudadanos que han sido invitados por la autoridad estatal a integrarlo, deben "proponer alternativas de financiamiento para la aplicación y ejecución de programas dirigidos a las personas con discapacidad”. Ya tienen una ley en la que el mismo Consejo de las Personas con Discapacidad ha logrado plasmar su demanda de que del total de la flotilla de unidades del transporte urbano, un 20 por ciento cuente con adaptaciones, ahora les toca vigilar que se cumpla y no esperar el plazo de cinco años, ya que las personas con discapacidad deben usar diariamente el transporte público para infinidad de actividades.
Y el lector va preguntarse qué puede hacer el resto de la sociedad de Nuevo León en el tema de accesibilidad en el transporte público, pues podemos hacer mucho, por ejemplo un servidor junto con otros ciudadanos con o sin discapacidad, en el 3 de Diciembre del 2019 también aportamos algunas observaciones a la iniciativa para crear la Ley de Movilidad Sostenible y Accesible.
Le cuento al lector que en el anteproyecto que habían presentado los legisladores, no contemplaban la Accesibilidad Universal, ni el incentivo fiscal para aquellos empresarios concesionarios que adquieran unidades adaptadas, aspectos que ya se encuentran en la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Entonces, si deseábamos una legislación con transversalidad, es que fuimos a presentar esas observaciones, las cuales fueron consideradas por los legisladores al momento de realizar su dictamen, obviamente otros ciudadanos y movimientos asociativos también presentaron sus observaciones.
Ahora lo que sigue es estar atentos a que se cumpla, que no queda solo en el papel, ya que por ejemplo el periodista Alfredo Heredia Lazarin, para su movilidad utiliza una silla de ruedas y para llegar a diferentes actividades hace uso de el transporte público que ofrece el gobierno estatal como lo son el Transmetro que cuenta con unidades con adaptaciones, el Metro, la Ecovía o en ocasiones el Circuito DIF, pero si Alfredo desea subirse a una ruta de transporte público operada por un empresario concesionario, es algo que no puede hacer, debido a que no cuentan con unidades con adaptaciones; abordar un taxi es todo un reto para él, ya que en ocasiones debe esperar mucho tiempo para que un taxista le quiera dar el servicio.
Por eso sus aportaciones fueron importantes en lo que entregamos en el Congreso local, de primera mano pudieron conocer lo que él y otras personas con discapacidad viven cotidianamente al ser vulnerado su derecho al transporte público que es ofrecido por los empresarios concesionarios.
Entonces estimados lectores, el tema de la accesibilidad en el transporte público es algo que nos debe importar a todos, por eso debemos involucrarnos, así que a leer la legislación y ver que falta de cumplirse, a organizarse con sus vecinos para apartar algo de su tiempo e ir al Congreso y a las dependencias estatales para entregar las quejas, sugerencias y propuestas sobre el transporte público.
Ya dejemos de creer que desde las redes sociales del internet se logra el cambio, no, el cambio lo vamos a lograr al participar y hacernos visibles con nuestras demandas a los gobernantes.
