El Estado debe garantizar una comunicación incluyente
Por Reyes Ramiro Gamez Barboza
Monterrey, México, Agencia de Noticias 3er Sector.- En el día 172 del año 2024 es que el Gobierno de Nuevo León ha reactivado el servicio de interpretación de Lengua de Señas Mexicana (LSM) en la transmisión de las conferencias de prensa. Ante el paso de la tormenta tropical Alberto, es vital que a la comunidad sorda se le comunique en LSM, videos con subtítulos las medidas de prevención que le permitirán estar a salvo.
Es bueno saber que el Consejo para las Personas con Discapacidad ha entregado un oficio al gobierno estatal para que garantice la interpretación de la LSM en las transmisiones oficiales, de esa manera el Consejo hace que sea una realidad la Accesibilidad en los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia que menciona la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como lo establecido en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad para que los medios de comunicación implementen el uso de intérpretes de LSM.
La UNICEF en el documento Normas para inclusión, protección y atención de las personas con discapacidad en las emergencias y desastres, señala que la inclusión se basa en tres principios fundamentales la participación; la no discriminación y la accesibilidad, ya que el enfoque inclusivo busca facilitar el acceso a la asistencia mediante la eliminación de barreras. Para esto, se debe también asegurar la participación activa de las personas con discapacidad, sus familiares, y las organizaciones representativas, en el diseño, la toma de decisiones, la planificación, la implementación, el monitoreo y la evaluación de las acciones, siguiendo el precepto de "Nada sobre nosotros, sin nosotros”. Los abordajes desde la vulnerabilidad y la diversidad, incluida la discapacidad, deben ser parte de todos los programas de asistencia humanitaria, y para ofrecer una respuesta inclusiva se debe prevenir y corregir las barreras institucionales, actitudinales y del entorno que enfrentan las personas con discapacidad.
También se indica que los sistemas de alerta temprana se adecuarán para que los mecanismos de alarma y evacuación incluyan formatos de comunicación y procedimientos alternativos, y adaptados para los diferentes tipos de discapacidad. igualmente se debe hacer incidencia para que los medios de comunicación trasmitan en formatos alternativos la información pública sobre las diferentes situaciones de emergencias (alertas, instrucciones, etc).
Partiendo de esto, es vital que las personas con discapacidad que integran el Consejo hagan sinergia con el Gobierno de Nuevo León para que puedan tener un protocolo de Protección Civil incluyente y así todas las personas con discapacidad sean prevenidas, protegidas y atendidas en las emergencias y desastres. Claro que todas las personas con discapacidad, las Organizaciones de y para las personas con discapacidad deberán ser convocadas para que participen en el diseño y elaboración de un documento de ese tipo.
Pero la comunicación en formatos alternativos es algo que debe convertirse en algo cotidiano en las conferencias de prensa del gobierno estatal, la LSM, subtítulos e incluso el uso de pictogramas son prioritarios para que todas las personas que conforman la sociedad de Nuevo León puedan acceder a la información.
Un reconocimiento a la Agrupación Mexicana de Sordo Mudos A.C. que realizaron un video en LSM para prevenir a la comunidad sorda sobre las afectaciones que iba a dejar el paso de la tormenta tropical, ya que si el servicio de interpretación no lo estaba brindando el Estado, entonces entre conciudadanos con discapacidad auditiva salieron a apoyarse e informarse.
Y señor Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda recuerde que la comunicación incluyente no es un favor a las más de 800 mil personas con discapacidad que habitan en Nuevo León, es simplemente garantizar que accedan a informarse de las acciones y políticas públicas en salud, educación, empleo, seguridad, protección civil, cultura, deportes, ocio y recreación.
