Las personas con discapacidad en edad de trabajar corren mayor riesgo de desempleo
Por Reyes Ramiro Gamez Barboza
Monterrey, México, Agencia de Noticias 3er Sector.- A las personas que me leen, un servidor siempre les ha mencionado la importancia de acompañar a las personas con discapacidad para que ejerzan sus derechos, entre ellos el de su participación en la vida pública, por lo que hoy acudimos a la Oficialía de Partes del Congreso de Nuevo León para que en la Ley para La Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad queden garantizadas las prestaciones monetarias y en especie que cubran los costos relacionados con la discapacidad y propicien la participación de estas personas en el empleo asalariado.
Le recuerdo que en junio del 2021 en un artículo mencione que era importante que el Presidente de México junto con los 32 Gobernadores y Gobernadoras, estuvieran diseñando políticas públicas que apoyen el desarrollo de los adultos con discapacidad. Ya que en el caso de Nuevo León, desde el año 2019 las personas adultas con discapacidad dejaron de recibir el apoyo económico estatal, ya que al establecer la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, en la entonces Secretaría de Desarrollo Social estatal eliminaron el programa que mensualmente otorgaba un apoyo a las personas con discapacidad de entre 30 y 64 años.
En octubre del 2021, el Gobernador Samuel García Sepúlveda comenzaba a delinear su política social con la finalidad de que las personas de grupos vulnerables fueran abatiendo los rezagos sociales. En el año 2022 se tuvo un presupuesto destinado para apoyar a las personas con discapacidad de 30 a 64 años y que viven en situación de pobreza, el cual deriva del presupuesto asignado a la Dirección de Atención de Grupos Vulnerables (ahora Dirección de Protección Social y Desarrollo Humano) de la Secretaría de Igualdad e Inclusión. Con dicha acción beneficiaron a 7,979 personas adultas con discapacidad el año pasado.
Lo implementado por la dependencia estatal es importante, ya que el Censo 2020 del Inegi señala que en Nuevo León habitan 63,673 personas adultas con discapacidad, de entre 30 a 59 años, mientras que entre las edades de 60 a 84 se tienen registradas a 87,811 personas con discapacidad. Además el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en el Informe de Pobreza y Evaluación 2020, señaló que en Nuevo León se debe establecer un sistema de protección social que contemple pensiones para las personas con discapacidad permanente en dependencia total.
Pero es fundamental que dicha acción de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, quede institucionalizada, por eso es que Alfredo Heredia Lazarin, Rosa Elia Morales Tijerina, junto con la adolescente Arantza Carreon Moreno representada por su mamá Sylene Moreno Salcido, presentamos una iniciativa de reforma al artículo 37 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Nuevo León, con la finalidad de que la protección social y prestaciones económicas sea transexenal, así evitamos quede a la buena voluntad del gobernante en turno.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el Informe Mundial sobre la Protección Social 2017-2019 mencionó que las personas con discapacidad en edad de trabajar corren mayor riesgo de desempleo, subempleo y empleo informal y ello suele limitar su acceso al trabajo decente y a unos ingresos estables, así como su capacidad para llevar una vida independiente. La prevalencia de la discapacidad aumenta con la edad, lo que deriva en una proporción elevada de personas de edad con discapacidad, particularmente en la franja de edad de 55 años y más. Estos riesgos contribuyen a que las personas con discapacidad tiendan a estar más expuestas a la pobreza.
La protección social es fundamental para solucionar esas cuestiones, en especial las prestaciones de discapacidad, que son decisivas para garantizar la seguridad de los ingresos, promover el empleo y facilitar el acceso a servicios sociales, tales como la educación, la salud y el transporte público, así como a los servicios de apoyo, incluida la asistencia social, el cuidado infantil y el acceso a dispositivos de ayuda. Puesto que la protección social atiende las necesidades relacionadas con la discapacidad y otras necesidades, también contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a la aplicación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CRPD) de las Naciones Unidas, complementándolo con las normas internacionales sobre seguridad social.
Deseamos que la iniciativa que hemos presentado pues tenga eco entre los 42 integrantes de la LXXVI Legislatura del Congreso de Nuevo León, agradecemos a los diputados Eduardo Gaona y Waldo Fernández, quienes nos escucharon y fueron receptivos de los puntos que planteamos, esperemos así sucede con los demás diputados y diputadas.
También es deseable que más personas con discapacidad se acerquen a presentar observaciones al asunto en cuestión, así como Organizaciones de la Sociedad Civil y el mismo gobierno estatal, es fundamental enriquecer el debate que los legisladores vayan hacer.
Además hoy se cumple un año de la publicación en el Border Hub de mi reportaje “Nuevo León no sabe dónde quedó el dinero para personas con discapacidad”, ¿para qué proyectos se ocupó este dinero? ¿cuánto se gastó en cada uno?, nadie lo sabe con claridad. Es necesario que el Congreso también cuestione al Estado sobre el destino que tuvieron 10 millones de pesos, los cuales fueron designados de manera extraordinaria por la Legislatura LXXV al Presupuesto de Egresos del 2018 (5 millones de pesos) y al Presupuesto de Egresos 2019 (5 millones de pesos).
La incidencia de dicho reportaje fue tal que la organización Iniciativa Sinaloa interpuso una denuncia administrativa en contra de quien resulte responsable. La denuncia se presentó a través del buzón virtual de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Nuevo León, para recepción de denuncias ciudadanas, y recibió el folio N8722-BTRG para su seguimiento.
Querido lector ve que desde el Periodismo no solamente uno informa, sino también puede lograr propuestas que mejoren las leyes y lograr una sociedad incluyente, además de promover la cultura de la transparencia y el acceso a la información.
Gracias por favorecerme con su lectura y espero usted también se sume a fortalecer la participación ciudadana.
Para cualquier duda me puede contactar en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
