Solicitó que se informe la continuidad, suspensión y/o reconfiguración de los servicios ofertados
Por Reyes Gamez
Monterrey, México (Agencia de Noticias 3er Sector).- Tras difundirse que la Secretaría de Educación de Nuevo León pretende cerrar as 24 Unidades de Asesoría Psicopedagógica (UAP) que existen en la entidad , la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió un exhorto a la dependencia estatal para que aclare las acciones que emprenderá para garantizar los servicios que se ofrecían a las personas usuarias de estos centros de educación.
La UAP se encuentra conformada por profesores, psicólogos y trabajadores sociales, quienes en contraturno apoyan a alumnos con problemas de lectoescritura, matemáticas o de habilidades de comunicación. En el año 2022 dieron atención a cerca de 4 mil estudiantes.
La CEDHNL le señaló a la Secretaria de Educación, Sofialeticia Morales Garza que "de acuerdo con la Ley de Educación del Estado, la autoridad educativa estatal, deberá dotar a los planteles educativos con instalaciones, personal y equipo necesarios y de calidad para atender satisfactoriamente la demanda educativa, especialmente para la atención de niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad.
El organismo defensor solicitó que se informe la continuidad, suspensión y/o reconfiguración de los servicios ofertados por las Unidades de Atención Psicopedagógicas y exhortó a que se otorguen apoyos psicopedagógicos a grupos sociales con requerimientos específicos, acciones encaminadas a la detección e identificación temprana del alumnado con discapacidad transitoria o definitiva; con aptitudes sobresalientes, superdotadas y talento extraordinario.
Añadió que también se debe fortalcer la educación especial y la educación inicial, incluyendo a las personas con discapacidad, se desarrolle un programa integral educativo para personas con discapacidad, transitoria o definitiva; así como uno para quienes poseen aptitudes sobresalientes, superdotadas o talento extraordinario, y se realicen cursos y actividades que potencialicen sus habilidades.
De acuerdo con los datos estadísticos registrados en el año 2022 por la Comisión, las quejas relacionadas con el derecho a la educación se sitúan como una de las temáticas más recurrentes en la integración de expedientes de presuntas violaciones a derechos humanos, alcanzando una tendencia a la alza.
En 2020 se registraron 65 expedientes de queja contra la Secretaría de Educación, en 2021 acumularon 92, y en 2022 fueron 135.
Las quejas estuvieron relacionadas con la obstaculización, restricción, desconocimiento o injerencias arbitrarias en el interés de las niñas, niños y adolescentes ocupa el primer lugar de las denuncias, seguido por la obstaculización o negativa para la protección psicológica o física de menores; y la negativa al acceso de la educación.
