Comparten prácticas y agendas de trabajo en torno a esfuerzos de anticorrupción
Monterrey, México, UDEM.- Representantes de organizaciones, empresas, dependencias gubernamentales y universidades coincidieron en fortalecer y promover la colaboración de los organismos de supervisión y regulación para generar acciones que reduzcan los riesgos de corrupción.
El Centro de Integridad de la Universidad de Monterrey organizó la reunión a la que asistieron directivos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (en inglés United States Agency International Development, USAID), la asociación Hagámoslo Bien y el Instituto de Control Interno (ICI).
Durante este encuentro, realizado la mañana de este miércoles, en las Salas 7 y 8 de Estoa, en la UDEM, Ruti Smithline, copresidenta del Departamento de Latinoamérica del despacho de abogados Morrison & Foerster, en Nueva York, ofreció la conferencia Integridad empresarial y gestión en cadenas de suministro para América del Norte.
La UDEM preside la Comisión de Ética y Cumplimiento del ICI, que agrupa a 63 empresas y a más de 138 profesionales.
La reunión fue encabezada por Jean Gabriel Guerrero Dib, director de Identidad y Principios Institucionales; Jorge Lozano Morales, presidente de Hagámoslo Bien; José Luis Gil Marroquín, titular de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción en USAID México; Ramiro Nava, coordinador del programa ProIntegridad (Promoviendo la Integridad y la Transparencia en los Negocios de USAID); y Luz Godina, directora del Centro de Integridad de la UDEM.
En su conferencia, Smithline destacó que existe un capítulo anticorrupción en el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, que entró en vigor el 1 de julio de 2020 y reemplazó al Tratado de Libre Comercio.
La asesora en investigaciones transfronterizas señaló que la exigencia es que los tres países adopten o mantengan una legislación antisoborno y otras medidas diseñadas para promover la integridad entre los funcionarios públicos, promover la participación del sector privado y la sociedad en los esfuerzos anticorrupción.
Smithline recordó que, en 1977, Estados Unidos era el único país con una ley contra el soborno extranjero; actualmente, hay más de 40 países incluyendo México con este tipo de legislación, además de que hay varios convenios internacionales requiriendo que se implementen leyes.
Durante su plática, la ponente estableció que cada programa debe ser diseñado para cada compañía específica para un cumplimiento eficaz de acciones a favor de la integridad.
Respecto a los programas de integridad implementados por empresas, Smithline estableció tres preguntas que una compañía debe contestar: “si el programa está bien diseñado, según los riesgos de la propia compañía; si el programa está aplicándose en buena fe, esto es, si se le destinan los recursos necesarios; y si funciona en la práctica”.
Por su parte, Guerrero Dib destacó la importancia de realizar este tipo de reuniones para compartir prácticas y retos, además de establecer agendas de trabajo conjuntas que lleven a ofrecer mejores soluciones al problema del comportamiento ético en la sociedad.
Adicionalmente, indicó el directivo universitario, este tipo de reuniones puede impulsar a que más organizaciones se unan a este tipo de esfuerzos.
Es necesario cambiar la percepción de corrupción dentro y fuera de las organizaciones, sociedad civil, gobierno en la medida en que sumemos aliados, podremos hacer frente a la enorme tarea y el reto que tenemos del cambio de cultura”, expuso.
Nava explicó que el programa ProIntegridad busca fomentar la adopción de estándares de integridad en el sector privado y aumentar la transparencia en el sector público.
“Lo que buscamos con el sector privado es que las pequeñas y medianas empresas puedan adoptar prácticas de integridad y que se puedan integrar dentro de las cadenas de valor de grandes empresas”, apuntó.
Nava señaló que el programa está proyectado a cinco años, porque no se buscan acciones a corto plazo; se trabaja en cinco estados: Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Chihuahua y Jalisco, con base en tres pilares: sector público, sector privado y sociedad civil.
