Este proceso de designación se caracterizó por su opacidad y condiciones adversas a la participación ciudadana.
El INEGI merece la designación de perfiles expertos e independientes a fin de garantizar su desempeño y abonar a la confianza en las instituciones.
Ciudad de México.- La designación de Paloma Merodio como nueva integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), es un grave retroceso en materia de designaciones públicas. El proceso terminó ayer con el voto de 64 senadores a favor de la candidata, avalando a un perfil altamente cuestionado. Dicho proceso se caracterizó por ser uno de los más opacos y cerrados a la participación ciudadana culminando con amenazas a una de las Organizaciones de la Sociedad Civil que manifestó sus observaciones.
La naturaleza del INEGI amerita que la conformación de su Junta de Gobierno se base en una selección de perfiles expertos en los campos de estadística, geografía y economía. Por ello, en la ley del Sistema Nacional de Información, artículo 69, se establece como requisito "ser un profesionista distinguido en las materias de estadística, geografía y economía; y haber ocupado un cargo de alto nivel durante al menos cinco años".
En este sentido el proceso de designación del INEGI presentó diversas irregularidades como:
Ausencia de criterios claros. El Ejecutivo mandó la propuesta para ratificación sin fundamentar las razones de idoneidad de Paloma Merodio por encima de otras personas, es decir, no se señaló qué tipo de auscultación o elementos se tomaron en cuenta para determinar de un gran universo de personas que podrían cumplir con los requisitos formales a Paloma Merodio.
Condiciones adversas a la participación ciudadana. El Senado realizó un proceso de ratificación opaco, carente de discusión pública y cerrado a participación de la sociedad. Cabe señalar que a pesar de que sociedad civil hizo pronunciamientos y observaciones puntuales del proceso respecto a la veracidad de la información contenida en el curriculum de Paloma Merodio, dichas recomendaciones no fueron aceptadas e incluso una de las organizaciones fue amedrentada por un Senador por pedir una candidata idónea para el INEGI, lo cual es muy grave dado que demuestra una actitud cerrada a la participación ciudadana.
Ausencia de investigación. No existió ningún tipo de Comisión o equipo que investigara la veracidad de la información que presentó la candidata y cuando una organización de la sociedad civil presentó información contraria a la contenida en el curriculum dicha información no se investigó.
En pocas palabras el proceso fue opaco, se llevó a cabo con poca información, sin publicidad, ni mecanismos de evaluación a partir de un perfil ideal, con rechazo a la participación ciudadana y sin investigación sobre la información que presentó la candidata. Lo que muestra un escenario muy alejado de designaciones claras y abiertas que generen confianza y legitimidad en nuestras instituciones.
Es el INEGI quien detenta el manejo de la información socioeconómica oficial que es el sustento para delinear políticas públicas con el fin de hacer frente a la pobreza y el desarrollo nacional. Si esos datos oficiales son sesgados se puede manipular la situación económica y social del país, con serias consecuencias para la credibilidad de los datos oficiales. Asimismo, la labor del INEGI es fundamental para el desarrollo de los Sistemas: Nacional de Información Estadística y Geográfica, y, Nacional de Transparencia.
La ratificación de Paloma Merodio en el Senado para un puesto de esta naturaleza es un ejemplo más que ilustra cómo las designaciones en nuestro país dependen de arreglos políticos en vez de considerar criterios como la capacidad e independencia de los perfiles.
Sin asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, deliberación, transparencia y participación ciudadana en los procesos de designación estamos condenados a tener instituciones frágiles, sin legitimidad, ni confianza ciudadana.
