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Instala Nuevo León mesa de trabajo para eliminar carta de no antecedentes penales

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Monterrey, México.- Nuevo León sería el primer estado del país en ajustarse a la Ley Nacional de Ejecución Penal, que indica que a partir del 30 de noviembre de 2017 la carta dejaría de emitirse por los gobiernos estatales.

El Gobierno estatal  instaló una mesa de trabajo en la que buscan eliminar el trámite de la carta de no antecedentes penales en la que estuvieron presentes funcionarios estatales y representantes de empresas de seguridad privada, CAINTRA, Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (Canadevi); Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); Cámara Nacional de Comercio (Canaco); Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Homero Cantú Ochoa, Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana, encabezó la reunión, donde se explicó que la demanda de solicitudes del documento se incrementó desde el pasado 8 de enero en el Pabellón Ciudadano, al pasar de mil 500 a 2 mil 500 las cartas que regularmente se entregan por día.

"Estaríamos todos de acuerdo en que la carta de no antecedentes penales realmente no es el instrumento o la constancia que se necesita para el efecto de que la persona que vayan a contratar sea íntegra", refirió Cantú Ochoa.

Ustedes, dijo a los representantes de los organismos intermedios tienen otros mecanismos para efecto de lograr lo que se pretende con las personas que van a emplear.

De esta manera, apuntó el funcionario estatal, Nuevo León sería el primer estado del país en ajustarse a los lineamientos de la Ley Nacional de Ejecución Penal que indica que a partir del 30 de noviembre de 2017 la carta dejaría de emitirse por los gobiernos estatales.

Jesús Francisco López Molina, director de Relaciones Institucionales de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) en el estado, presentó los resultados del análisis de uso y funcionalidad de la carta de no antecedentes penales en el estado, ante su inminente desaparición.