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Sáb, Abr
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Abuso sexual en NL y homicidio de menor en Veracruz muestra urgente de la prevención

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Reinserta muestra su preocupación ante la creciente ola de violencia entre menores de edad

Monterrey, México.- En la última semana dos casos de violencia infantil perpetrados por niños han sacudido al país: Un niño de 13 años presuntamente abusó sexualmente de un menor en un salón de fiestas infantiles en Nuevo León, y el día de ayer en Veracruz un menor de 10 años disparó y mató a su amigo porque le ganó en un juego de “maquinitas”. Estos son tan solo algunos de muchas historias que dejan en evidencia la normalización y réplica de la violencia en las infancias mexicanas.

Desde Reinserta advertimos la necesidad de un enfoque de prevención al delito por parte de las autoridades gubernamentales. El castigo resulta insuficiente para la construcción de un camino de la paz y la normalización de la violencia, nubla la urgencia de crear las políticas públicas de prevención necesarias. Esto deja a varios niñas, niños y adolescentes desprotegidos frente a un sistema que sanciona el delito, mas no lo previene.

Reinserta como asociación civil que reconstruye el tejido social a través del desarrollo continuo de una cultura de paz implementando modelos de atención psico-social para niñas, niños adolescentes y jóvenes en contacto con la violencia en México ha detectado tres situaciones que propician su normalización en esta población:

1.- La presencia de violencia dentro de la familia, es decir, que los menores de edad son sobrevivientes de algún abuso perpetrado por un familiar fueron testigos de un abuso a otros miembros de la familia.

2.- Es formar parte de una familia criminógena en donde el niño o niña observa y replica ciertas conductas a temprana edad.

3.- Es la proliferación de la violencia a través de los diferentes grupos delictivos que están presentes en nuestra sociedad.

La combinación de estos factores produce terreno fértil para que un niño, niña o adolescente pueda ejercer actos violentos hacia otras personas.

De igual manera, nuestro acercamiento con adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley nos ha permitido ver que la raíz del problema se encuentra en los factores de riesgo, tales como el consumo y la exposición a las drogas, la violencia intrafamiliar, las marginación educativa y de oportunidades, la presencia de grupos delictivos en el entorno, y otros contextos en donde la violencia se encuentra presente; representando un factor que pone en mayor riesgo al adolescente de replicar estos círculos violentos, poniéndolo en una situación de alta vulnerabilidad con su desarrollo y permitiendo que estén más expuestos a vincularse con grupos de delincuencia organizada.

El año pasado, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE) 2022, los mexicanos tuvieron un gasto total anual estimado de ​​92.4 MMDP para protegerse ante el delito, mientras que la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 131 mil 179.58 MMDP para la seguridad pública. Sin embargo, es necesario que existan estrategias y políticas encaminadas a la prevención que estén ligados al incremento de estos presupuestos, ya que en México solemos reaccionar a la inseguridad y se nos olvida la importancia de la prevención.

Desde Reinserta, hacemos un llamado a las autoridades públicas para incluir dentro de sus propuestas de seguridad ciudadana la prevención primaria y secundaria del delito, para así poder reducir la cantidad de crímenes cometidos por niñas y niños menores de edad, así como trabajar muy de cerca con población victimaria, atacar de frente la cultura delictiva auspiciada por el narcotráfico y enfocarse en poblaciones que se encuentran en zonas de marginación y alto riesgo de violencia.

Lo que pasó con en Nuevo León y en Veracruz, es una realidad que se vive en muchos estados del país, y que, como sociedad civil en conjunto con las autoridades, podemos evitar a través del trabajo coordinado priorizando la prevención y atención en esta población. Exhortamos a encaminar políticas públicas hacia la promoción de procesos de justicia restaurativa y empatía que promueven la reparación del daño con víctimas, desestigmatización social y toma de responsabilidad dentro de la comunidad para romper con los círculos de violencia.