Washington DC / Nueva York / Stuttgart/ Ginebra.- La aprobación de la Ley de Seguridad Interior que se concretó esta semana en el Senado mexicano implica un grave retroceso para una nación que ya se enfrenta a niveles de violencia sin precedentes y a una situación generalizada de violaciones a derechos humanos. En respuesta, una coalición de diez organizaciones internacionales, comprometidas con los derechos humanos y el Estado de derecho, hacen un llamado al Presidente Enrique Peña Nieto para que ejerza su facultad de veto respecto de la ley, al tiempo que anuncian la integración de un Observatorio Internacional sobre México, cuyo mandato será observar y documentar el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país.
