Ciudad de México.- Entre 2004 y 2016 México ha caído 59 lugares en el índice de percepción de la corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, pasando de la posición 64 a la 123. A mediados de 2017, la misma organización dio a conocer que 51% de los mexicanos encuestados habían pagado algún soborno. También este año, el INEGI dio a conocer que las empresas gastan alrededor de 1,611 millones de pesos en actos de corrupción en trámites y solicitudes de servicios públicos.
La puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) sigue siendo el mayor pendiente del país. Las autoridades federales y locales, tanto ejecutivas como legislativas, han mostrado resistencias para concluir las leyes secundarias, realizar los nombramientos pendientes e investigar los grandes casos de corrupción presentados por el Comité de Participación Ciudadana, incluso por organismos como FEPADE.
Implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción
Sólo 14 entidades han publicado las 7 leyes secundarias necesarias para tener sistemas locales. Las entidades con mayor atraso son Tlaxcala, que no ha publicado ninguna ley secundaria; Colima y Nuevo León, con sólo una ley y Chihuahua, con tres.
Sobre los nombramientos pendientes para los sistemas locales, sólo 11 entidades nombraron ya a su Comité de Participación Ciudadana (CPC), que es el puente de vinculación con las propuestas de la sociedad civil; sólo 11 entidades han iniciado el proceso de nombramiento o convocatoria de su CPC y 10 entidades no han iniciado el proceso ni la convocatoria.
Muchos de ellos han sido cooptados desde su creación por los gobernadores.
Ocho entidades consideraron la participación de los gobiernos municipales en sus sistemas locales y, a la fecha, ninguno ha precisado cuál es el papel que desempeñarán.
Nombramientos pendientes para combatir la corrupción:
México se encuentra en un contexto de debilidad institucional, ninguna de las tres fiscalías que podrían hacerle frente a la corrupción tiene titular.
El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) fue removido a finales de octubre por sus investigaciones sobre Coahuila, Estado de México, Veracruz, Chihuahua y muy particularmente por el caso Odebrecht.
La Procuraduría General de la República carece de titular desde abril.
Todavía no ha sido nombrado el Fiscal Anticorrupción. Tampoco han sido designados los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa especializados en combate a la corrupción.
Los legisladores se han negado a aprobar las iniciativas de reforma al artículo 102 constitucional para dar garantías a la construcción de una Fiscalía autónoma.
La corrupción es un problema de todos y para su erradicación es necesario acciones decididas en los ámbitos privados, públicos y sociales. México no está condenado a ser un país corrupto, sin embargo. Hoy, Día Internacional Contra la Corrupción debemos de reconocer que tenemos demasiados pendientes en la materia y que la corrupción sigue teniendo altísimos costos para el crecimiento, la igualdad y la credibilidad de la democracia.
