Monterrey, México (Agencia de Noticias 3er Sector).- Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), señalaron que las disputas políticas no deben amenazar "la gobernabilidad y el estado de derecho. Una situación que la ciudadanía no merecemos y no debemos permitir".
Subrayaron que el conflicto entre el Gobernador Samuel García Sepúlveda, y el Congreso de Nuevo León, resalta la importancia del respeto a las decisiones judiciales y a la Constitución, ya que en "fechas recientes la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvieron mediante diversas sentencias, que corresponde, tal como lo mandata la constitución local, al Congreso de Nuevo León, designar a un gobernador interino".
Agregaron que la conducta y acciones del Gobernador con licencia, "erosionan totalmente la confianza pública. Su persistencia en adoptar el camino de la ilegalidad sugiere que podría percibir el cumplimiento de la ley como una amenaza a sus intereses personales y políticos, lo cual genera profundas dudas sobre su enfoque hacia la gobernabilidad y el respeto por los principios democráticos.
El Congreso de Nuevo León ha cumplido su deber a pesar de un proceso agitado y una irrupción violenta que buscaba detener el nombramiento de un gobernador interino. Ahora, la ciudadanía exige que esta decisión constitucional se respete, manteniendo la legalidad y la paz en el estado".
Lamentarón que García Sepúlveda al emitir y publicar un acuerdo con el cual designa a su secretario de Gobierno, Javier Navarro, como encargado del despacho, "insiste en no respetar la sentencia del máximo tribunal de este país que se encarga de velar por el respeto a los derechos humanos".
Subrayaron que "al tomar protesta se comprometió a cumplir y hacer cumplir la Constitución. Esta actitud del gobernador con licencia no solo es ilegal, sino también inmoral, y constituye una falta de respeto hacia la ciudadanía que participa activamente en los procesos democráticos. Demuestra una clara falta de consideración hacia la confianza, el voto y el poder que los ciudadanos le han conferido, y una preocupante desconexión entre sus acciones y las responsabilidades inherentes a su cargo público".
Mencionaron que ante este escenario en la población surgen las siguientes dudas: ¿Por qué el gobernador insiste en actuar ilegalmente y no respetar la Constitución?, ¿Qué intereses son los que está protegiendo al considerar que sólo una persona de su partido puede ocupar la gubernatura interina? ¿Busca la desaparición de poderes en el Estado?
