Por Jesús Oscar González Medina
Monterrey, México- (Agencia de Noticias 3er Sector) La vieja política de la “4a Transformación”, encabezados por los partidos políticos: Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista, arremetieron en contra de las organizaciones de la sociedad civil no lucrativas con la aprobación de la Reforma fiscal 2022, reduciendo el porcentaje de la deducción de los donativos que afectará a los grupos vulnerables en el país, ante la posibilidad de la cancelación de programas sociales y asistenciales que ofrecen las OSC al disminuir los recursos.
Alrededor de 8 mil millones de pesos dejarán de percibir en donativos, las más de 9 mil organizaciones de la sociedad civil en donde colaboran más de 2 millones de voluntarios y que se verán afectadas en continuar brindando atención a grupos vulnerables en las causas: asistenciales, salud, educativas, culturales, desarrollo social, becas, ecología y científicas, entre otras.
Con respecto a Nuevo León, la reforma fiscal afectará a más de 357 organizaciones sociales que dejarán de percibir alrededor de $808.7 millones de pesos para atender personas en pobreza extrema y personas con enfermedades catastróficas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a refrendar su animadversión en contra de la sociedad civil, argumentando que los programas de bienestar social son competencia de su gobierno e incluso criticó los programas de responsabilidad social de las empresas, al decir que “la filantropía no es función de las empresas. La función de las empresas no es hacer donaciones, sino invertir y generar empleos”.
“No estamos de acuerdo con esto. ¿Cómo se le va a devolver impuestos a una gran empresa bajo el supuesto de que ellos van a invertir en beneficio de la gente, en obras sociales, en filantropía, en fomento a la cultura? No, esa no es función de las empresas. La función de las empresas básicas, y lo hacen muy bien, es invertir, producir, crear empleos y pagar sus contribuciones”, afirmó.
“¿Y cuál es la función del gobierno? Pues atender al pueblo con esas contribuciones. ¿Cómo una empresa no va a pagar sus impuestos, porque va a destinar esos impuestos a programas sociales si ésa no es su función? Eso lo inventaron, ¿y saben para qué lo inventaron? Para no pagar impuestos o para presumir o saludar con sombrero ajeno”. “Y para que haya fomento a la cultura y al arte, pues para eso está la Secretaría de Cultura, para eso están ahora las exposiciones que se pueden admirar, los museos, todo eso que se está financiando con el presupuesto público”.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que va a hablar de esto en la ONU. El problema es que tiene una visión anticuada de lo que hacen las empresas, expresó el analista político Javier Treviño Cantú. Debería saber que “ya no es como antes”. En febrero de 2020, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), junto con más de 150 organizaciones y empresas, presentaron los principios de “Dimensión social de las empresas”. Es un decálogo de compromisos que las empresas han asumido con la sociedad, sus colaboradores, el medio ambiente y el cumplimiento de la ley.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) replanteó la dimensión social y el sentido de las empresas, para trabajar en la consolidación de un país más justo, inclusivo, responsable y sostenible. Tal vez sería bueno que AMLO los leyera para que los conozca y los incluya en su mensaje en la ONU, dijo.
Treviño Cantú, manifestó que se debe impulsar una relación responsable y propositiva con las autoridades, exigiendo reglas claras y certidumbre jurídica y económica para las inversiones; y así incidir positivamente en las políticas públicas para beneficio del país. Debemos organizarnos y actuar con audacia, pero con estrategia y oportunidad. Incidir positivamente en las políticas públicas para beneficio del país, y fortalecer el libre mercado. Siempre marcando de manera clara los puntos de divergencia, y señalando firmemente cuando haya acciones que perjudiquen los entornos de negocios y el bienestar de la población.
Se crea en Nuevo León, la primer Junta de Beneficencia Privada en México
En sí, el trasfondo presidencial es contar con más dinero para sus programas gubernamentales y desmantelar los programas sociales en los que trabajan organizaciones de la sociedad civil; en el caso de Nuevo León desde hace 195 años, cuando se creó la primera Junta de Beneficencia Privada en el país, el primero de mayo de 1826 , siendo gobernador José María Parás y Ballesteros.
En la visión de la Junta de Beneficencia Privada de Nuevo León, señala que “Las instituciones de beneficencia son creadas por particulares; su finalidad se considera de utilidad pública, no lucrativa, y el estado las reconoce como auxiliares de la asistencia social con capacidad para poseer un patrimonio propio, destinado a la realización de sus objetivos. Se entenderán por acciones no lucrativas y de utilidad pública, los actos ejecutados por las instituciones de beneficencia con fondos particulares, sin objeto de especulación, con un fin humanitario”.
Y agrega que “el presidente Porfirio Díaz, ante estos hechos, dispuso que fuera necesario crear una figura jurídica permanente, la cual garantizase a los particulares que el efecto de sus actos de filantropía, caridad o altruismo, no serian socavados o vulnerados por el estado tal como lo fueron las obras pías. Además, los particulares reclamaban que sus obras de asistencia social estuvieran protegidas por un régimen fiscal favorable y que, a su vez, garantizase el cumplimiento de la voluntad perpetua del fundador”.
Cabe destacar que a los empresarios regiomontanos del siglo XIX y XX se les reconoce por promover la responsabilidad social o la filantropía corporativa entre sus empleados y trabajadores con prestaciones sociales que ningún otro empresario del país otorgaba como: educación, seguridad social, vivienda, muchas de ellas; iniciativas sociales tomadas por los gobiernos posrevolucionarios para crear instituciones públicas como: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), pago de aguinaldo, entre otras prestaciones sociales.
La antipatía del gobierno hacia la labor de las organizaciones sociales no es nueva
Los embates gubernamentales en contra de las organizaciones de la sociedad civil siempre se han manifestado, por su eficiente labor social en favor de grupos vulnerables y porque son vistas como una competencia, y por su postura apartidista.
Humberto Muñoz Grandé, profesor investigador de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac México, señala en el artículo “El fin de la relación institucionalizada entre el gobierno federal y las organizaciones de la sociedad civil” que los dirigentes de las organizaciones sociales, decían “No es que antes estuviéramos bien, pero hoy estamos peor”, es una de las frases más escuchadas por parte de las OSC mexicanas que recuerdan cómo durante el gobierno del presidente Vicente Fox hubo que luchar contra la cooptación de recursos públicos y privados por parte de la organización cuasi-gubernamental Vamos México de la Primera Dama Martha Sahagún.
“O cuando el presidente Felipe Calderón Hinojosa propuso una reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta en 2013 para dar un trato fiscal igual a las OSC que a las empresas lucrativas, o cuando durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto el tema de las OSC se encontraba en los últimos lugares de la prioridad y agenda gubernamental”, precisa.
La democracia a la que aspiramos no puede entenderse, para bien o para mal de los gobiernos en turno, sin la participación de la sociedad civil organizada. La nueva gobernanza atraviesa necesariamente por la necesidad de un nuevo tipo de servidores públicos más inteligentes, negociadores y familiarizados con la democracia participativa, dijo el investigador en temas de responsabilidad social empresarial.
El paquete fiscal 2022 aprobado el pasado 18 de octubre por parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados marca el fin de una relación, ciertamente accidentada, pero institucional, entre el gobierno federal y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) construida entre los años de 1994 a 2018.
Con el cambio de gobierno en 2018, se inauguró la etapa de desmantelamiento de dispositivos institucionales que modelaban la relación gobierno – OSC al dar un drástico giro de 180 grados tanto en la narrativa como en las acciones de gobierno.
En cuanto a la narrativa, en la misma línea que los presidentes Jair Bolsonaro de Brasil y Daniel Ortega de Nicaragua, el presidente López Obrador hizo las siguientes declaraciones: En febrero de 2019 afirmó que durante su gobierno no se entregarían recursos a OSC a quienes calificó de intermediarios que manejen los recursos públicos: “Nosotros ya no vamos a entregar recursos a organizaciones ni a fundaciones, para eso es el gobierno, esto debe quedar muy claro”.
El tiro de gracia se dio ahora en octubre de 2021 cuando la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó el paquete fiscal para el 2022, en el que se propone eliminar la deducibilidad de donativos privados a OSC. Si bien esta última propuesta aun está en proceso de presentación al pleno, todo indica que con el apoyo de los partidos políticos alineados a Morena se aprobará sin mayor obstáculo, concluyó Muñoz Grandé.
Menos donativos, menos ayuda que brindarán las OSC a grupos vulnerables
Integrantes de diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), señalaron que de aprobarse en el Senado la reforma que limita las aportaciones que personas físicas pueden realizar a Donatarias Autorizadas, se brindará menos ayuda a las personas.
La reforma a la Ley del ISR impactaría el trabajo de más de 5,100 OSC que son Donatarias Autorizadas para emitir recibos deducibles del ISR en rubros tan relevantes como la asistencia, la educación, la cultura y el medio ambiente, entre muchos otros.
Erika Laveaga, directora de la Fundación Comunidar, hizo un llamado a los senadores y las senadoras para que dejen a la sociedad civil organizada apoye en mejorar la calidad de vida de las personas con algún grado de vulnerabilidad, ya que el gobierno no puede solo.
"Si el gobierno no nos da, que tampoco nos quite, con esta reforma no solo nos quita la posibilidad de recibir donativos de personas físicas, nos quita la oportunidad de formar ciudadanos responsables, de que las personas sean parte de la solución, todos somos corresponsables en diferente medida de la problemática social que hoy estamos viviendo, como ciudadanos tenemos el derecho a participar en las soluciones y una forma de hacerlo es donando", mencionó Laveaga.
Agregó que "el llamado a los senadores es déjenos apoyar, el gobierno no puede solo, está comprobado en todos los países, se necesita una ciudadanía organizada, comprometida, participativa y que sume en el financiamiento de las soluciones a las grandes problemáticas que tristemente el COVID ha agravado, ojalá escuchen nuestra voz, de verdad los ciudadanos queremos sumar y participar".
Hoy, las personas físicas pueden deducir gastos con un límite de $163 mil pesos, como gastos médicos y funerarios, seguros de gastos médicos, intereses de hipotecas, transporte escolar, una parte de colegiaturas, etcétera. Adicional a ello, pueden deducir donativos hasta el 7% de su ingreso anual y aportaciones extraordinarias al fondo de ahorro para el retiro.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) propone eliminar estos dos rubros y que todas las deducciones de personas físicas mencionadas anteriormente tengan un mismo tope. Eso disminuiría enormemente el límite de lo que se puede deducir en donativos y en el fondo de retiro.
Las personas físicas tendrían que decidir si deducen sus gastos fijos como los médicos, seguros, intereses de hipoteca; o deducir sus donativos. El SAT dice que la mayoría de la población no alcanza su tope de deducción de los gastos obligatorios, y que casi nadie dona el 7% de su ingreso, entonces no habrá afectación; y que si quieres donar, lo puedes hacer sin deducir.
