Por Jesús Oscar González Medina
Monterrey, México. (Agencia de Noticias 3er Sector) El Sector Social conformado por las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro (OSC), presente en México desde el Siglo XV1 apoyando solidariamente a grupos vulnerables ante la incapacidad de gestión social del Gobierno, enfrenta el recelo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quién primero desapareció el Programa de Coinversión Social al calificarlas de “gobierno paralelo”, ahora con las reformas fiscales aprobadas por los legisladores de los partidos Morena, del Trabajo (PT), Verde Ecologista (PVEM) y Encuentro Social (PES) pretende minimizar su labor social en favor de los más desprotegidos.
Estas reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), que se aprobaron en la Cámara de Diputados con 283 votos a favor, 129 en contra y 4 abstenciones, restringe las vías para que organizaciones de la sociedad civil obtengan recursos para financiar sus actividades y limita sus acciones a proyectos en los que se puedan facturar todos sus gastos, lo que dificultaría que se atienda a localidades sin acceso a internet.
Además, vuelve obligatoria la comprobación de todo gasto, amparado con comprobante fiscal digital por internet, y que se regule la pérdida de autorización a donatarias autorizadas para obtener más del 50% de sus ingresos de actividades no relacionadas con su objeto social.
Estipula que la totalidad del haber de las donatarias autorizadas debe contar con una mayor cobertura en actividades sociales, deroga la certificación del cumplimiento de obligaciones fiscales, de transparencia y de evaluación de impacto social, e incluye causales de revocación de la autorización para recibir recursos a través de donaciones deducibles de impuestos.
De acuerdo con integrantes de organizaciones de la sociedad civil (OSC), la reforma para adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta repercute de manera negativa en la labor de los organismos no gubernamentales, pues restringe las actividades de donatarias autorizadas y atenta contra su derecho de financiamiento y autonomía.
Descalificaciones y acusaciones sin sustento
Lourdes García Mollinedo, secretaria ejecutiva del Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento a las actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), comentó que las y los integrantes de este consejo vemos con preocupación el creciente distanciamiento entre las OSC y la actual Administración Pública Federal.
Nos extraña la falta de colaboración sistemática y poco efectiva con el Gobierno Federal; estamos en desacuerdo con la Circular # 1 publicada el 14 de febrero del 2019 en que de manera unilateral se cancelaron los fondos de coinversión social; nos extrañan y preocupan las decisiones tomadas que nos afectan sin mediar ningún tipo de acercamiento y diálogo.
Lamentamos el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador que generaliza en la descalificación, desacreditación y hace caso omiso de la Ley y su espíritu de fomento.
Nos molestan las acusaciones sin fundamento, basadas en información errónea, sin sustento y con comentarios a la ligera, como las recientemente expresadas en la Conferencia de Prensa del 28 de agosto de 2020, contra organizaciones y fundaciones reconocidas por su compromiso social y por la calidad de su trabajo.
Actualmente en el CTC nos encontramos llevando a cabo la evaluación anual de la política de fomento y notamos claramente esta tendencia. Quizá nunca habíamos estado tan cerca de los objetivos de un gobierno que ha puesto acento en la justicia social y la profundización de la democracia sustantiva, y al mismo tiempo tan lejos de las mediaciones concretas para alcanzarlos.
Como parte de un mecanismo oficial de participación y consulta, expresamos nuestro respeto al trabajo que llevan a cabo, tanto las organizaciones que fueron señaladas por el presidente López Obrador, como todas las que se han visto afectadas en estos dos años.
Mantenemos nuestra disposición para el diálogo y la construcción de acuerdos que favorezcan la colaboración de los diversos sectores para enfrentar los aciagos problemas del país, y solicitamos a la Comisión Intersecretarial de Fomento una reunión para analizar las razones de este distanciamiento y definir rutas para superar el innecesario clima de confrontación y descalificación a las OSC.
Lo anterior debiera servir para diseñar una nueva etapa de colaboración, diálogo e interacción entre las instituciones y las OSC sobre la base de compartir metas y propósitos en una transformación de fondo de nuestro país.
Impacto de las modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta en las OSC
Las organizaciones de la sociedad civil en México somos al mismo tiempo efecto y causa de la democratización del País. Nuestra acción obedece al impulso generoso de personas con deseos de hacer de México un mejor país; las luchas sociales y ciudadanas fueron abriendo camino a la acción organizada de la sociedad y en consecuencia, a que la democratización siga avanzando. Las causas sociales que promovemos son tan amplias como diversa es la sociedad mexicana y los problemas que nos aquejan, señalaron líderes del sector social.
Con la participación de ciudadanos organizados, contribuimos a mejorar la educación, la salud, la vivienda, el medio ambiente, los derechos humanos, la asistencia social, la atención a emergencias humanitarias y muchas causas más de bien público. De acuerdo al INEGI, este sector de ciudadanos solidarios genera riqueza y contribuye con el 2% del PIB, genera alrededor de 1.4 millones de empleos formales y moviliza el trabajo voluntario de casi 2 millones de personas.
En 1994 presentamos una iniciativa de Ley para regular y fomentar el trabajo solidario como un sector comprometido con la legalidad y el Estado de Derecho y para reclamar un estatus propio como organizaciones que sin fines de lucro buscan aportar al bien de todos. Luego de 10 años de insistir, en 2004 se aprobó la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, vigente a la fecha. Con esta ley, se creó el Registro Federal de las OSC, en el que están registradas alrededor de 42 mil organizaciones de todo el país.
En la diversidad de nuestro trabajo predomina el enfoque de derechos fundado en la afirmación de la idéntica dignidad de todas las personas, en especial las que sufren la pobreza y discriminación, y la exigencia para que el Estado garantice los derechos de todos. Por ello, somos organizaciones de interés público que complementamos la labor de los gobiernos, ofrecemos innovaciones como laboratorio social y hasta estamos ahí donde la acción de los gobiernos no llega.
Las modificaciones presentadas generan incertidumbre y ponen en riesgo la capacidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de contribuir a la atención de los retos sociales y económicos más importantes de México, además de que abre la puerta a acciones como expropiación y la violación del derecho de asociación.
Las organizaciones de la sociedad civil cumplen con la normatividad vigente y con estrictas políticas de transparencia y rendición de cuentas, por lo cual rechazan las modificaciones a la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR) en cuestión de donatarias y exhortan a la Cámara de Senadores a modificar el proyecto, aprobado por la Cámara de Diputados para la Miscelánea Fiscal 2021.
En conferencia de prensa virtual se dio a conocer el impacto de las modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta en las organizaciones de la sociedad civil y el riesgo que supone para su viabilidad, presidida por Hatziri Recillas del Grupo Fiscal de OSC; Mariana Sandoval del Grupo UNIDOSC; Jorge Villalobos de Cemefi y Raúl Ybarra de Estándares Pro Bono.
Destacaron que la iniciativa de reforma busca sobrerregular nocivamente al sector, porque pretende incrementar las restricciones a las operaciones de las OSC, lo que tendría como resultado afectación de millones de personas que son beneficiarias de las organizaciones.
Las OSC realizan diferentes actividades para su sostén, por lo que con esta iniciativa es les restringir los ingresos de las Donatarias Autorizadas, en específico los ingresos autogenerados, es decir el efecto de esta iniciativa sería destinar a muchísimas Donatarias Autorizadas al cierre de proyectos en las comunidades más vulnerables de México.
Reformas fiscales afectará labor de OSC con grupos vulnerables
Carmen Garza T., directora de Fundación Frisa y cofundadora de Comunidar, declaró que las reformas impulsadas por el gobierno federal, afectará el desarrollo del sector social, porque no fomentan la participación ciudadana en estos momentos de contingencia sanitaria por el COVID19 en donde se necesita apoyar a grupos vulnerables que no reciben apoyo gubernamental.
La Fundación Comunidar actualmente encabeza la Iniciativa UNIR y DAR respaldada por empresarios del Grupo Monterrey, que han donado insumos, medicamentos y equipo de protección para los profesionales de la salud de hospitales públicos y privados que atienden casos de Covid-19; además de otorgar apoyos económicos y despensas a familias de escasos recursos; y gestionar créditos de Nacional Monte de Piedad para micro y pequeños empresarios que se han visto afectados por la pandemia.
La directora del Consejo Cívico, Sandrine Molinard, consideró preocupante que al igual que sucedió en el sexenio del ex - presidente Felipe Calderón, se quiera criminalizar al sector social.
"Estamos muy preocupados", dijo, "no es nuevo lo que está haciendo el SAT. Desde el sexenio de Calderón está esta tendencia de criminalizar al sector social, nos ponen como lavadores de dinero, como evasores de impuestos y realmente no se está viendo el valor que estamos haciendo".
