22
Mar, Oct
564 New Articles

RED Educación Derechos llama a Senadores a garantizar el derecho a la educación de todos los niños y jóvenes de México

OSC
Typography

Les preocupan otras insuficiencias de la reforma aprobada por la Cámara de Diputados

Ciudad de México.- La Red Educación Derechos hace un llamado al Senado de la República para que, en su carácter de cámara revisora, establezca con claridad los alcances que tendrá el artículo  Decimosexto transitorio de la minuta con Proyecto de Decreto por el que  se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de  los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y evitar que se abra una puerta a la venta de plazas y al control sindical de las mismas.

 

El citado artículo establece que "los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación se regirán por el Artículo 123 Constitucional Apartado B. Con fundamento en este Decreto, la admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la ley reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros". La redacción actual de este transitorio abre un espacio para que la contratación de los docentes no sea por mérito sino por participar en actividades políticas o sindicales, o bien por el pago de prebendas.

RED reconoce que la Cámara de Diputados retomó diversas propuestas de nuestra iniciativa  sobre la educación inicial y la autonomía universitaria, así como sobre la educación inclusiva y el  derecho a gozar de  los beneficios de la ciencia y la innovación tecnológica para toda la población, entre otras, pero no puede dejar de alertar sobre el grave riesgo que representa para la democracia mexicana el secuestro del debate público sobre la educación en México por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), organización que por la vía del chantaje logró que se aprobara una legislación que pone a los privilegios sindicales por encima del derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes mexicanos.

Además, nos preocupan otras insuficiencias de la reforma aprobada por la Cámara de Diputados. En especial consideramos que los senadores de la República tienen la oportunidad de evitar que la reforma:

• Sustituya al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) por un órgano carente de autonomía constitucional. La eliminación de uno de los órganos constitucionales autónomos del país es una seria llamada de atención sobre la fragilidad del orden republicano que se ha logrado construir en el país en los últimos años.

•  Establezca una definición insuficiente y ambigua sobre los mecanismos para el ingreso, promoción y reconocimiento del personal docente en el servicio educativo.

• Ignore el impacto presupuestal de la reforma constitucional propuesta.

• Introduzca un listado de materias que deberán enseñarse, pues no solamente es un listado incompleto, sino que su incorporación al texto constitucional es inadecuada, ya que la evolución continua del conocimiento debe permitirle en el futuro a las autoridades educativas a realizar los cambios pertinentes necesarios en este rubro, conforme a las nuevas necesidades del sistema educativo.  Esto sería muy difícil de implementarse ante los nuevos cambios constitucionales que ello requeriría.  Los planes de estudio deben definirse en los reglamentos de la legislación educativa secundaria y no, en la Constitución.

Finalmente, hacemos un llamado para que en el debate legislativo sobre las leyes secundarias prevalezca el enfoque colaborativo que imperó en el diseño del cambio constitucional recientemente aprobado en la Cámara de Diputados. La colaboración y las prácticas de parlamento abierto son condiciones imprescindibles para evitar que los intereses político-sindicales se impongan sobre el derecho a la educación y bienestar que tienen todos los niños, niñas y jóvenes mexicanos.  Una aprobación exprés, con menos de cinco días para el análisis de la minuta que han recibido, no sería consecuente con el papel que, como cámara revisora, deben realizar para lograr el mejor marco jurídico posible para una educación integral, de excelencia, inclusiva y que corrija las desigualdades de oportunidades que caracterizan a nuestro sistema educativo.