Las Pcd deben saber como se usan los recursos públicos en el tema de accesibilidad
Por Reyes Gamez
Monterrey, México (Agencia de Noticias 3er Sector).- A nivel federal se deben crear políticas públicas que garanticen el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad, por lo que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)) que busque y de a conocer los programas de apoyo que ha implementado en dicho tema.
El Comisionado Joel Salas Suárez, señaló que para ejercer plenamente sus derechos, las personas con discapacidad necesitan estar informadas de los apoyos disponibles para ellos, de los recursos destinados para financiar las políticas públicas que las atienden y de sus resultados.
Salas Suárez sostuvo que “las dificultades que enfrenta una persona con discapacidad se reducen cuando se eliminan las barreras que encuentra en el entorno social donde desarrolla su vida cotidiana. La información puede abonar a que caigan esas barreras y el INAI debe trabajar para garantizar que esto suceda”, remarcó.
Un particular solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes conocer los programas que ha implementado para promover el derecho a las personas con discapacidad al acceso al entorno físico.
En respuesta a la particular que solicitó la información, la Secretaría de comunicaciones y Transportes, por medio de la Dirección General de Recursos Humanos, señaló que son la Dirección de Servicios Sociales, Culturales y Deportivos, la Subsecretaría de Comunicaciones y la Subsecretaría de Transporte, las competentes para conocer de lo requerido.
Inconforme con la respuesta, la particular presentó un recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó que, si bien se le señaló que son otras las unidades administrativas competentes para conocer sobre lo solicitado, no se manifestaron al respecto.
En alegatos, la Dirección General de Recursos Humanos de la SCT reiteró los términos de su respuesta inicial. A su vez, la Subsecretaría de Comunicaciones dijo no haber implementado ningún programa para promover el derecho a la accesibilidad, toda vez que dicha unidad administrativa se ubica en el Piso 10 de la Torre A del inmueble Toreo Parque Central, el cual cuenta con diseño de dichos espacios.
Por otra parte, la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión afirmó no contar con lo solicitado, ya que el inmueble que ocupa es arrendado por la Dirección General de Recursos Materiales y, por ende, no tiene facultades para remodelar y promover un entorno físico adecuado a las personas con discapacidad.
En el análisis del caso, la ponencia del comisionado Salas Suárez advirtió que si bien, la SCT durante la solicitud inicial y en el desarrollo del recurso de revisión llevó a cabo el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia, éste fue realizado con una interpretación errónea de la solicitud, ya que no precisó de manera clara si cuenta o no con la información solicitada y fue hasta los alegatos que otras unidades administrativas se pronunciaron.
Además, y con base en la Ley General de Inclusión para las Personas con Discapacidad, la SCT es la encargada de promover el derecho de las personas con discapacidad al acceso al transporte, los sistemas, las tecnologías de la información y las comunicaciones, particularmente aquellas que contribuyan a su independencia y desarrollo integral.En ese sentido, la respuesta del sujeto obligado fue insuficiente en la fundamentación y motivación.
Por lo anterior, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y le instruyó a realizar una nueva búsqueda exhaustiva de la información en todas sus unidades administrativas, utilizando un criterio claro y congruente para localizar los programas que se han implementado para promover el derecho a las personas con discapacidad al acceso al entorno físico.
El Comisionado señaló que se debe pasar de la lógica de demanda a la oferta de información relevante de los programas que atienden a la población con discapacidad, por lo que destacó la necesidad de construir una política robusta de transparencia proactiva al respecto.
“La información pública servirá a las autoridades competentes para rendir cuentas de que escuchan y trabajan para cumplir las demandas de las personas con discapacidad administrando adecuadamente los recursos públicos asignados”.
En ese sentido, el Comisionado recordó que el Instituto ha decidido apoyar el proyecto Movilidad sin límites, en el que organizaciones de la sociedad civil lanzaron la plataforma https://www.movilidadsinlimite.org/ para visibilizar las barreras físicas en las calles, el transporte y otros espacios públicos.
“En México viven más de siete millones de personas con discapacidad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018. Esto representa 6.3 por ciento de la población. El 49.9por ciento son personas adultas mayores de 60 años o más y 54.1 por ciento son mujeres. Existen varios tipos de discapacidad, pero la más común es la motriz con 56.1 por ciento”, precisó Salas Suárez
