También al Fiscal General de Justicia del Estado
Monterrey, México.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León emitió tres Recomendaciones una de ellas, a Presidentes Municipales, otra al Alcalde de Santa Catarina y una más, al Fiscal General de Justicia del Estado.
En la Recomendación 19/2019, dirigida a los Alcaldes de Salinas Victoria, El Carmen, Pesquería, General Zaragoza y Juárez, se constató cinco casos de violaciones a derechos humanos de personas detenidas, cometidas por policías de las dichos municipios, en la que se acreditaron detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, actos de tortura y transgresión al derecho de las personas privadas de la libertad, en relación a la atención médica adecuada y a la no discriminación.
El caso uno, ocurrió en el municipio de Salinas Victoria, en donde un policía detuvo arbitrariamente un menor de 13 años, a quien esposó para su traslado y lo agredió físicamente.
El caso dos, aconteció en el municipio de El Carmen, en donde la policía se vio involucrada con el fallecimiento de un hombre que había sido detenido, mismo que murió de contusión profunda de abdomen, además de presentar diversas lesiones en su cuerpo.
En el caso tres, se determinó actos de tortura por parte de policías de Pesquería, en perjuicio de un hombre, por desnudez forzada y golpes.
En el Municipio de Zaragoza, se detuvo a dos personas, una de ellas, con discapacidad intelectual, a quienes agredieron físicamente.
Respecto a la Policía de Juárez, impidió el acceso a la salud de una persona detenida, al no acatar las indicaciones del médico, quien había determinado la gravedad de su estado.
Por lo anterior, se dirigen, entre otras, las siguientes recomendaciones: a los municipios de El Carmen y Juárez cubrir los gastos funerarios generados por los fallecimientos de las personas que en su momento se encontraron bajo su custodia; a Salinas Victoria, Pesquería y General Zaragoza proporcionar tratamiento médico y acompañamiento psicológico; a Salinas Victoria y General Zaragoza elaborar un manual para el uso indicado de las esposas; a Salinas Victoria y El Carmen garantizar la práctica de un examen inmediato al ingreso a celdas; a El Carmen y Juárez crear un protocolo de actuación para la atención de personas detenidas; a Pesquería emitir un comunicado sobre prohibición de prácticas de tortura o malos tratos de las personas detenidas y en general, dar inicio con las investigaciones de responsabilidad administrativa.
La Recomendación 20/2019 fue dirigida al Presidente Municipal de Santa Catarina, por transgresiones a los derechos a la vida y derechos de las personas privadas de la libertad, cometidas por personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad.
Los hechos ocurrieron el 29 de junio del presente año, al ser detenido el ahora occiso, por faltas administrativas, fue ingresado a una celda junto con otras personas, teniendo dos custodios a su cuidado. Dicha persona fue encontrada al día siguiente ensangrentada y con problemas para respirar, al ser agredido físicamente por otra persona detenida, por lo que fue trasladado por paramédicos al Hospital Universitario, donde ingresó inconsciente y murió el pasado 10 de agosto.
Se acreditó que personal de dicha Secretaría incurrió en transgresiones a los derechos humanos, por no adoptar las medidas necesarias para proteger la vida de la persona fallecida al momento de encontrarse bajo su custodia.
En consecuencia, como principales puntos resolutivos se recomienda iniciar las investigaciones, a fin de deslindar las responsabilidades administrativas de las personas involucradas; se realicen las acciones pertinentes encaminadas a suplir el déficit existente en el número de personal de seguridad y custodia que labora en el centro de detención y reembolsar los gastos funerarios a quien acredite, ante la Secretaría, haberlos realizado.
Por otra parte, en la Recomendación 21/2019, dirigida al Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León, se acreditó que personal de la Agencia Estatal de Investigaciones transgredió los derechos al debido proceso, garantías judiciales, a la seguridad jurídica y a la propiedad privada; mientras que el personal de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Tortura, vulneraron los derechos de la víctima.
El 25 de agosto del año pasado, la persona afectada tuvo que dejar en garantía su vehículo, pues agentes ministeriales del destacamento de San Pedro Garza García, como parte de una supuesta mediación lo coaccionaron para que lo endosara a favor de un particular que así lo solicitaba, además de comprometerlo a pagar una suma en efectivo, sin tener dicha autoridad atribuciones para ello y sin que existiera una denuncia formal previa.
Ante dichas irregularidades, la víctima interpuso la denuncia contra el personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y contra quien corresponda, por lo que el Ministerio Público inició una carpeta de investigación por el delito de abuso de autoridad; sin embargo, la Unidad de Investigación tampoco ha actuado diligentemente, además de ser omisa en indagar el paradero del vehículo.
Como principales puntos resolutivos, esta Comisión solicita se de vista al órgano de control competente para que inicie el procedimiento a que haya lugar, contra el personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Tortura; reparen el daño material y se gire instrucciones debidas para que la actuación del personal de la Fiscalía, específicamente los agentes ministeriales, sea con apego a la Ley; además se integre de forma exhaustiva la carpeta de investigación correspondiente.
