Urge una política pública integral en materia de movilidad
Por Reyes Gamez/Agencia de Noticias 3er Sector
Monterrey, México.- Integrantes del Consejo Cívico de Nuevo León rechazan la criminalización a la protesta, ya que recuerdan que la manifestación de opiniones es un derecho y este debe ser garantizado por el Estado, por lo que consideran como grave lo acontecido el día de ayer en el Palacio de Gobierno estatal contra los ciudadanos que se manifiestan en contra del alza a la tarifa del transporte público.
"Desde Consejo Cívico rechazamos la criminalización de la protesta social por parte del Gobierno de Nuevo León y reprobamos de manera contundente la detención de estos activistas. El derecho a manifestar sus opiniones está claramente expresado en la Constitución Mexicana, además de tratados internacionales a los que nuestro país ha suscrito", expresaron en un comunicado.
Agregaron que "consideramos sumamente grave que el Gobierno estatal, en plena noche, y sin justificar claramente las causas, proceda a la detención de personas que pacíficamente manifestaban su desacuerdo con el alza de tarifas de transporte" y enfatizaron que "es obligación del Gobierno estatal defender los derechos humanos inscritos en nuestra Carta Magna, como el derecho de asociación, de libre expresión y de manifestación".
Lamentaron que "un Gobierno que fue elegido con un enorme bono de confianza ciudadano, haya ido perdiendo este carácter con acciones de esta índole, ignorando las peticiones de la ciudadanía e inclusive mostrando una falta de respeto a sus derechos humanos más básicos. Por ello, exigimos al Gobierno estatal que dé explicaciones acerca de la detención, que surge ante cuestionamientos ciudadanos sobre las alzas de tarifas de transporte público".
Recordaron que "en numerosas ocasiones hemos señalado la necesidad de proponer una política pública integral en materia de movilidad, petición que no ha obtenido aún ninguna respuesta. Se ha planteado la opción de construir consensos de manera transparente, teniendo en mente el interés de los nuevoleoneses; sin embargo, en vez de esto, observamos una operación opaca, y con estos actos, hasta represiva. Es urgente un cambio en la dirección que se ha tenido los últimos tres años acerca del tema del transporte, ya que el día de hoy quedó patente que para las autoridades estatales, cada vez está más lejos la opción de llegar a una solución de manera colaborativa y que tome en cuenta los intereses ciudadanos".
