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Tercer Sector advierte retroceso en prácticas de gobernanza  y  gobierno abierto

Sostenibilidad
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Por Jesús Oscar González Medina / Agencia de Noticias 3er Sector

Monterrey, México.  El Tercer Sector conformado por las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, presente en México desde el Siglo XV1  apoyando solidariamente a grupos vulnerables ante la incapacidad de gestión social del Gobierno, enfrenta el recelo del Presidente Andrés Manuel López Obrador quién anuncio la desaparición del Programa de Coinversión Social al calificar a las OSC de “gobierno paralelo”.

Pese a que el Sector Social en 2017 generó un valor económico del trabajo voluntario, equivalente a $128 mil 606 millones de pesos con la participación de 2 millones 067 mil 637 personas, coadyuvando con el gobierno a la atención demandas sociales; López Obrador  aseguró que no se van entregar apoyos, ni a transferir recursos a través de intermediarios, refiriéndose a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales.

Cabe destacar la importancia de las organizaciones privadas y públicas sin fines de lucro en la economía del país, el Producto Interno Bruto en 2017    ascendió a $604 mil 583 millones de pesos, incluyendo la valoración económica del trabajo voluntario que representó el 2.9% del PIB total del país, señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

El sector social tiene una  intensa intervención en las políticas públicas desde la década de los ochentas ante la incapacidad de gestión social del Estado para atender las demandas sociales, actualmente existen 50 millones de pobres, de los cuales 10 millones de mexicanos viven en la pobreza extrema, pese a los programas sociales implementados por los gobiernos en los últimos 32 años, la desigualdad  no se ha podido erradicar. 

Ante la ausencia del Estado benefactor, la sociedad civil reclama una mayor participación en las políticas públicas relacionadas con el desarrollo social bajo la premisa de que “el gobierno no lo puede solo”; así mismo ha influido de manera decisiva en la democracia, promoviendo iniciativas de ley para el combate a la corrupción y la impunidad de funcionarios públicos.

Ni un peso a las organizaciones “Fifi”

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que los recursos federales de programas sociales ahora se entregarán directamente a los  adultos mayores, personas con discapacidad y familias beneficiarias; no se dará “ni un peso a las organizaciones de la sociedad civil”, ni a quienes participaban como intermediarios en los programas sociales.

Las organizaciones sociales prácticamente  funcionaban como un gobierno paralelo, pese a que las dependencias federales contaban con infraestructura para operar los programas.  

López Obrador, afirmó que tiene información sobre casos de corrupción, “no llegaban los fondos o no llegaban completos, había moche por todo un sistema de intermediación que prevalecía donde organizaciones sociales, de todo tipo, organizaciones de la llamada sociedad civil, recibían dinero para apoyar a niños de la calle, migrantes, adultos mayores”.

Precisó que se mantenían aparatos burocráticos, aunque no pertenecieran al gobierno, donde sus directivos y asesores, realizaban gastos para asistir  a congresos, todo financiado con el presupuesto público e insistió que no se “va a entregar apoyo a ninguna organización social, de la sociedad civil o no gubernamental, todo va a ser directo de la Federación al beneficiario”.

En el caso del recorte al presupuesto a las estancias infantiles, manifestó que el recurso se dará directamente a los padres de los niños y no a los propietarios  de las guarderías al detectar irregularidades de corrupción;  ahora como nunca habrá fondos para el Programa Bienestar al destinarse 100 mil millones de pesos para pensiones de 8 millones 500 mil adultos mayores. 

Retroceso con AMLO en el tercer sector

Emilio Guerra Díaz, director de la Red de Pacto Mundial de la ONU en México en un artículo publicado enexpoknews.com,  calificó el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador  sobre el Sector Social cómo la inauguración de una nueva etapa en la relación gobierno – ciudadanos: “Nosotros ya no vamos a entregar recursos a organizaciones ni a fundaciones, para eso es el gobierno, esto debe quedar muy claro”.

El considerar  a las organizaciones de la sociedad civil como “intermediarias” es de un simplismo donde se socavan sus aportaciones: Las organizaciones civiles contribuyen y movilizan recursos adicionales provenientes de particulares para atender grupos vulnerables, en desventaja, en situación de exclusión o pobreza. También generan empleos con la consecuente ampliación de la base tributaria.

Precisamente por la desconfianza de los gobernantes, legisladores y líderes políticos, se ha erigido un régimen legal que, a diferencia de los partidos, sobre vigila y regula su actuación. Ofrecen servicios allende donde no existe un interés de la empresa ni capacidad gubernamental de atender a determinados grupos sociales o problemáticas concretas.

Generan propuestas vanguardistas para solucionar problemas donde los beneficiarios son protagonistas y corresponsables en transformar sus condiciones adversas y erigir un mejor futuro.

Propician el diálogo y la convivencia de puntos de vista distintos que fluyen en mejorar políticas públicas. La posibilidad de generar actitudes de solidaridad, tolerancia y respeto, cuán necesarios en una sociedad atomizada.

Movilizan miles de voluntarios para atender diversas causas en todo el país, la gestión de recursos suele ser en muchos casos más eficiente que los gastos en los que incurre la burocracia y propician la participación ciudadana, precisamente lo que más alerta a un gobierno. 

Guerra Díaz, experto en Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa  advierte una grave amenaza para la sociedad civil en este peligroso viaje al pasado nacional: la cancelación de proseguir hacia prácticas de gobernanza  y  gobierno abierto observadas por los países más democráticos, donde la ciudadanía organizada ha ganado diversos derechos para interactuar con el gobierno, porque éste la reconoce como un aliado (no como un intermediario) para canalizar recursos de inversión social.

Esa relación se manifiesta en: aliento a los presupuestos participativos para el bien común, acceso al poder político por vías alternas donde los partidos políticos son plataforma pero no monopolizan los caminos; el respeto irrestricto a sujetarse a normas de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos y aquellos privados destinados al bien común.

Se ha anunciado ya con claridad esta innovadora relación gobierno ciudadanía: se cancelan los recursos públicos para organizaciones de la sociedad civil pero se restauran los gubernamentales, es decir, aquellos que se destinaran, sin reglas, a grupos clientelares o bien, los que una sola persona decida beneficiar para tenerlos cerca “maiziándolos”, entregando el dinero de manera directa a los elegidos. De ahí que una sola persona decide que se cancele la ayuda a las estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras.

La sociedad civil es factor de cambio a favor de nuestra democracia

Siempre habrá la tentación de regresar a formas autoritarias en las que las políticas públicas se definen por una sola persona. Sin embargo, somos optimistas y creemos que en México, a pesar de las dificultades que vivimos, la participación de la ciudadanía en las decisiones públicas es una forma de entender y atender los asuntos públicos que llegó para quedarse, aseguraron María Elena Morera y Sonia Quintana, integrantes de la asociación Causa en Común. 

La sociedad civil organizada no es una moda, un producto del neoliberalismo, ni parte de la mafia del poder. Lejos de ello, la existencia de la sociedad civil organizada comprometida con las mejores causas de nuestro país es un fenómeno de larga data, señalaron en un artículo publicado en Animal Político.

En la historia de México, encontramos distintas expresiones de cómo la sociedad civil organizada contribuyó a analizar, denunciar y resolver los problemas sociales, así como a llenar vacíos que las instituciones gubernamentales no alcanzaban a cubrir. En cada etapa, se han establecido objetivos, formas de organización y métodos de participación diferenciados acordes con las circunstancias.

A partir del año 2000, teniendo como marco legal la libertad de asociación consagrada en el artículo noveno de la Constitución y la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, proliferaron asociaciones civiles, a la par que se multiplicaron los mecanismos de relación entre la sociedad organizada y el gobierno.  

La apertura política y el marco normativo a la actuación de las OSC no fue una graciosa concesión de las autoridades, sino resultado de la presión ciudadana por participar en las decisiones públicas que afectan su vida. Además, muchos de los cambios democráticos ocurridos en México durante las últimas décadas han sido originalmente demandas de la sociedad organizada: la ciudadanización y autonomía del Instituto Federal Electoral, luego INE; la creación del IFAI, que después se transformó en INAI; el desarrollo del Sistema de Justicia Penal Acusatorio; el fortalecimiento y la autonomía de la CNDH.

Como resultado de una participación más amplia, hemos aprendido a hacer cabildeo ciudadano e impulsar leyes importantes para una mejor procuración de justicia y defensa de los derechos humanos, como la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; la Ley General de Víctimas; el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción; para la abrogación de Ley de Seguridad Interior.

En fin, durante las últimas décadas las organizaciones sociales han sido factor de cambio a favor de nuestra democracia, nuestro estado de derecho y las más diversas causas sociales, concluyeron.