Ciudad de México.- La restitución de derechos no puede entenderse como un procedimiento administrativo, es, ante todo, un acto de justicia profundamente humano, la expresión concreta de un Estado que decide no apartar la mirada, señaló María del Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), al presidir la instalación del Grupo de Trabajo del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio.
Desde la Sala Juárez de este organismo, añadió que el Estado reconoce que el acceso a la educación, a la salud, al acompañamiento psicosocial y a un entorno seguro no son concesiones, sino derechos que deben garantizarse de manera efectiva y refirió que “el registro encuentra su origen en el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum quien ha colocado en el centro de la acción pública la justicia para las mujeres y la protección integral de la niñez”.
Por lo anterior, detalló que hoy se asume una responsabilidad impostergable en donde la tecnología juega un papel fundamental, no como un elemento distante, sino como una herramienta viva, diseñada para acercarlo con las personas, para ordenar la información, dar seguimiento a cada caso y asegurar que ninguna niña, niño o adolescente quede fuera de la atención que le corresponde.
Al hacer uso de la palabra, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, dijo que atender la orfandad derivada del feminicidio, hace un imperativo contar con un marco jurídico integral, capaz de articular, de manera coherente, las obligaciones del Estado en materia de atención a víctimas, protección de la niñez, prevención y erradicación de la violencia, asistencia social y actuación procesal penal.
Por lo anterior, expuso que contar con un registro como el que se construirá, constituye un componente fundamental por tratarse de un instrumento que permitirá visibilizar de manera inmediata a las víctimas indirectas, asegurar su incorporación oportuna a los mecanismos de protección y reparación previstos en la ley, y coordinar la actuación de todas las instituciones involucradas. Sin dicho registro, añadió, “cualquier esfuerzo normativo quedaría incompleto, pues la falta de información actualizada y verificable ha sido una de las principales causas de invisibilidad y abandono institucional”, señaló.
Durante su mensaje de bienvenida, la procuradora federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Fabiola María Salas Ambriz, expuso que el trabajo y la colaboración interinstitucional contribuirán a consolidar la respuesta para la protección integral de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de orfandad, por feminicidio y refirió que hacia 2027, se espera que este instrumento pueda implementarse de manera formal de la mano del protocolo correspondiente y como parte de una política pública integral que garantice derechos y contribuya a cerrar brechas de atención.
En su intervención, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Félix Arturo Medina Padilla, dijo que la relevancia del grupo de trabajo está en asumir que la coordinación interinstitucional no es una opción secundaria, sino la condición misma para cumplir e impulsar los derechos humanos de las infancias en situación de orfandad, por lo que, “como gobierno de la Cuarta Transformación debemos responder de manera suficiente a los impactos múltiples que esto conlleva”.
Por su parte, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias en la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar, celebró la posibilidad de crear el Registro porque significa contar historias que deben ser acompañadas y transformarse para evitar que este instrumento se convierta en una base estadística, significa articular políticas públicas que restituyan los derechos de las infancias y adolescencias, externó, pero sobre todo, “significa restituir el proyecto de vida que se trunca al faltar la madre de familia. Iniciar con un registro es ya un acto de justicia, porque les da visibilidad a las víctimas indirectas que no solo requerirán protección, sino una gran restitución de derechos y acompañamiento”.
Más adelante, habló la fiscal especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas, de la Fiscalía General de la República (FGR), Maribel Bojorges Beltrán, quien refirió que la orfandad por feminicidios es una crisis silenciosa que coloca a las niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad extrema, múltiple y con impactos profundos en su desarrollo emocional, educativo y social, por lo que la respuesta del Estado debe ser integral, coordinada y sostenida.
Por parte de DIF Nacional también intervinieron el director general de Regulación de Centros de Asistencia Social (CAS), Juan Miguel Fiesco, y el director de Tecnologías de la Información, Luis Javier Valseca Pinto, quienes se refirieron a la construcción del Registro tanto jurídica como tecnológicamente, para identificar con oportunidad a la población objetivo del mismo, sobre todo, para generar evidencia que contribuya en la construcción de política pública y rendición de cuentas.
Dejaron claro que el Registro no es un padrón de beneficiarios, ni un sistema penal, que en ningún momento sustituye a una carpeta de investigación, ni es una fuente de información abierta al público, sino una herramienta del Estado mexicano construido en seis bloques que responderán a las necesidades de mismo, el cual, para generarlo, se recibió acompañamiento de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), del Gobierno Federal.
A la instalación del grupo de trabajo asistieron personas servidoras públicas del Sistema Nacional DIF, de la Segob, del Poder Judicial de la Federación (PJF) y de la FGR, entre otras instancias.
