Por Reyes Gamez
Monterrey, México, Agencia de Noticias 3er Sector.- La pensión universal para personas con discapacidad permanente de 30 a 64 años se convirtió en el principal eje de política pública con impacto social planteado por Morena en la discusión del Presupuesto 2026 de Nuevo León, al considerarse una medida indispensable para avanzar en inclusión, derechos sociales y gobernanza responsable.
Así lo expresó la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, al fijar la postura del partido frente al Paquete Fiscal estatal, el cual —advirtió— solo será acompañado si se garantiza este derecho sin recurrir a nueva deuda ni incrementos de impuestos.
“Más de 80 mil mujeres y hombres hoy en Nuevo León que tienen una discapacidad permanente no tienen derecho a esta pensión, que sí es un derecho en otras entidades federativas”, afirmó la dirigente nacional, al subrayar que esta exclusión contradice el mandato constitucional vigente.
La pensión universal como política pública con impacto
Luisa María Alcalde enfatizó que la pensión universal para personas con discapacidad no es una concesión, sino una obligación del Estado que debe reflejarse en el diseño presupuestal.
“Consideramos que debe ser un derecho porque hoy está reconocido en la Constitución y no se traduce en el Estado de Nuevo León”, señaló.
De acuerdo con la dirigencia nacional de Morena, la implementación de esta política social requeriría una inversión aproximada de 800 millones de pesos anuales, monto que puede obtenerse mediante una reorientación del gasto público, sin comprometer la estabilidad financiera del estado.
“Si nosotros aprobamos la pensión universal para personas con discapacidad, el estado tendría que poner 800 millones. Solo con el gasto de la Oficina del Gobernador se podría pagar eso y todavía sobraría”, puntualizó Alcalde Luján.
Inclusión social sin deuda ni impuestos
Desde la óptica de Morena, avanzar en derechos sociales e inclusión no debe implicar una mayor carga para la ciudadanía. Por ello, el partido reiteró su negativa a aprobar nueva deuda pública o aumentos de impuestos, al considerar que existen márgenes suficientes para generar ahorro desde el propio aparato gubernamental.
La líder nacional sostuvo que una gobernanza responsable exige priorizar el bienestar social por encima del gasto superfluo, especialmente en un contexto donde persisten carencias estructurales en sectores vulnerables.
Austeridad y redistribución del gasto
Como parte de su planteamiento, Morena propuso una reducción significativa del gasto estatal en rubros como publicidad oficial, viáticos internacionales, consultorías administrativas y el presupuesto de la Oficina del Gobernador, lo que permitiría liberar más de 1,500 millones de pesos.
Estos recursos, afirmó Alcalde Luján, deben destinarse a políticas públicas con impacto directo, como la pensión universal para personas con discapacidad y otras acciones orientadas a reducir desigualdades.
“No estamos de acuerdo en que haya gasto superfluo cuando hay necesidades tan claras de la gente”, sostuvo.
Presupuesto con enfoque social
La discusión del Presupuesto 2026, concluyó Morena, representa una oportunidad para que Nuevo León transite hacia un modelo de finanzas públicas con enfoque social, donde la inclusión, la equidad y los derechos humanos sean el centro de las decisiones presupuestales.
“La política debe estar siempre al servicio de la gente”, reiteró la dirigencia nacional al llamar a construir un presupuesto que genere valor social y fortalezca la cohesión comunitaria en el estado.
