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Congreso de Nuevo León deja sin dictaminar la creación del Instituto de las Personas con Discapacidad

Inclusión Social
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Pese a compromisos del Gobernador, la iniciativa caducó tras un año sin avance legislativo

Por Reyes Ramiro Gamez Barboza

Monterrey, México, Agencia de Noticias 3er Sector.- Aunque en el Cuarto Informe de Gobierno el mandatario estatal Samuel García Sepúlveda presumió haber impulsado en octubre de 2024 la iniciativa para crear el Instituto de las Personas con Discapacidad de Nuevo León, el proyecto fue dado de baja por el Congreso local al no haberse dictaminado en el plazo de un año, conforme lo establece el artículo 46 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado.

“Los expedientes que no sean dictaminados en un lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones serán dados de baja por caducidad...”, señala la disposición legislativa.

Una propuesta con respaldo ciudadano y técnico

El 9 de octubre de 2024, Maryangel García-Ramos Guadiana, presidenta del Consejo de Personas con Discapacidad, presentó ante la Oficialía de Partes del Congreso la propuesta de reforma a la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que contemplaba la creación del Instituto como organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Entre sus funciones se incluían:

Coordinar políticas públicas interinstitucionales.

Desarrollar investigaciones y estadísticas especializadas.

Promover la sensibilización social.

Brindar asesoría técnica a los tres niveles de gobierno.

El Instituto buscaba consolidar una política pública integral para mejorar la calidad de vida y el acceso a derechos de más de 800 mil personas con discapacidad en el estado.

Documentos internos revelan intentos fallidos de avance

A través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se realizaron solicitudes de información a la Secretaría de Igualdad e Inclusión, 3er Sector obtuvo las minutas de las reuniones del Consejo de Personas con Discapacidad correspondientes a enero-septiembre de 2025.

En ellas se evidencia el esfuerzo de los integrantes por dar seguimiento legislativo a la iniciativa y evitar su caducidad.

* En marzo de 2025, la presidenta propuso reuniones con el gobernador y mesas de trabajo con el Congreso.

* En abril, se realizó una Consulta Pública con personas y organizaciones de la sociedad civil.

* En mayo se informó que la creación del Instituto requería una inversión inicial de 23 millones de pesos.

* En junio, se reconoció el estancamiento del proceso pese al apoyo de la Comisión de Gobernación.

* En agosto, García-Ramos expresó la inconformidad de integrantes y ciudadanos ante la falta de resultados y advirtió que “no es negociable que pase un año más sin crear el Instituto”.

* En septiembre, se informó que enviaron un oficio dirigido al Gobernador, en el cual se solicitó una reunión para la validación de la creación del Instituto, y se anexó información respecto al trabajo que desde el Consejo se ha hecho. Además contemplaban regresar a las comisiones del Congreso para que en el presupuesto del 2026 fuera considerada una partida para el Instituto

Compromisos no cumplidos

De acuerdo con las minutas, el gobernador Samuel García se comprometió en **tres ocasiones a concretar el Instituto:

1. Antes de asumir su mandato.

2. Durante la presentación del Plan Estatal de Discapacidad.

3. Al establecer la Comisión para la Igualdad y No Discriminación.

Sin embargo, pese a la existencia de una propuesta técnica, presupuesto estimado y respaldo ciudadano, la falta de dictamen legislativo provocó que el expediente fuera eliminado del registro oficial.

Llamado a reactivar la agenda inclusiva

Para las organizaciones y representantes del Consejo, la baja de la iniciativa representa un retroceso institucional y una oportunidad perdida para fortalecer la política pública de inclusión en Nuevo León.

El reto ahora será reingresar una nueva propuesta, garantizar su dictaminación oportuna, y traducir los compromisos gubernamentales en acciones concretas que aseguren el pleno ejercicio de derechos para las personas con discapacidad.