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Titular de la SEP-QRoo: queremos que niños con discapacidad no existan

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Reitera que el sector salud ya se encarga “de eso” porque “lo ideal es tener un niño bien”; Derechos Humanos de la entidad condena

Por María Cabadas/La Razón

Ciudad de México.- La secretaria de Educación y Cultura en Quintana Roo, Marisol Alamilla Betancourt, hizo señalamientos  discriminatorios contra niños con capacidades diferentes durante una reunión de trabajo que sostuvo, el 4 de mayo pasado, con jóvenes que buscan especializarse en educación especial para impartir clases a niños y jóvenes con discapacidad.

En un video difundido en redes sociales, se escucha decir a la funcionaria del gobierno de Carlos Joaquín que “tenemos un millón y medio de habitantes y tenemos una cantidad mínima de niños con necesidades educativas especiales. (…) Lo que menos queremos nosotros en el estado, es tener a un niño con estas condiciones.

“Y el sector salud se encarga de eso y cada día vamos a tener menos y cada día que así… lo vamos a tratar de trabajar, es que cada día se requieran menos maestros para estos niños, porque lo que más queremos es que no existan, porque lo ideal es tener un niño bien, en buenas condiciones cognitivas. Eso es lo que estamos buscando”, manifestó.

El exsecretario de Gobierno en la entidad, Gabriel Mendicutti, padre de un menor de 10 años con autismo, señaló en entrevista con La Razón que el error más grave que cometió la funcionaria quintanarroense fue cuando advirtió que ya no habrá más plazas para atender a niños con autismo y no ofrecer una disculpa pública.

“Yo no me uní al linchamiento, soy papá de un niño con autismo y me dolieron mucho las declaraciones de Alamilla. Más allá de sus señalamientos discriminatorios, su aberración más grave es cuando dice que ya no van a haber más plazas para atender a niños con autismo.

“Textualmente dijo ‘que los niños con capacidades diferentes serán atendidos por el sector salud. El sector salud se va a encargar de que no haya más niños de este tipo’. Como si Alamilla fuera Dios, como si fuera capaz de acabar con el autismo, la parálisis cerebral, a los niños con síndrome de Down. Si en este momento no están bien atendidos los niños con capacidades diferentes, esta funcionaria está condenando a estos niños y eso es lo más preocupante”, indicó.

El pasado lunes Mendicutti publicó una carta pública en la que expresó: “La frivolidad de sus expresiones, son lamentablemente, un verdadero acto discriminatorio que segrega a muchos niños y niñas que hoy necesitan atención especial y que no la están recibiendo, y a muchos otros que en los años venideros, usted simplemente ya decidió negarles su derecho de ser atendidos con calidez, con alta especialización y con amor”.

Cuatro días después de esta reunión y ante las críticas de organismos defensores de derechos humanos, Alamilla Betancourt difundió un comunicado de tan sólo 11 líneas a través de su cuenta de Twitter, en la que ni siquiera se disculpó.

“Manifiesto mi profundo respeto a todas las personas que tienen necesidades educativas especiales y a los docentes que las atienden”, indica Alamilla Betancourt en esa carta.

Señala: “en los comentarios emitidos el 4 de mayo de 2017, nunca existió intención de discriminación o exclusión alguna hacia ninguna persona”.

La Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo también cuestionó las declaraciones realizadas por la funcionaria estatal, a las que consideró como “desafortunadas”.

En un pronunciamiento de la dependencia que encabeza Harley Sosa, expresó que “Marisol Alamilla Betancourt, en una reunión de trabajo vertió comentarios referentes a las personas con discapacidad en el sector educativo del estado.

En especial, la desafortunada expresión ‘porque lo que más queremos es que no existan, porque lo ideal es tener un niño bien’, provocan en quienes integramos este consejo consultivo, una reacción de desaprobación y agravio”.

El organismo hizo un llamado a las autoridades educativas a nivel federal y local para garantizar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad, “en aras de evitar que en el ejercicio de sus funciones, se vulneren los derechos de este grupo de población, ya sea por actuación, omisión o expresiones que contribuyan a la desigualdad y discriminación”.