Agencia de Noticias 3er Sector
Monterrey,México.- La lucha social de más de 250 inversionistas presuntamente defraudados con más de $700 millones de pesos con la preventa de departamentos y locales comerciales, destrabó la inacción de la justicia de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, con la detención por el delito de fraude a José Aurelio Lobatón Bernard, director de la inmobiliaria PROYECTOS 9.
Y el poder de la presión social ejercida mediante, una estrategia de protestas en la Fiscalía de Nuevo Léon, en Palacio Municipal de Monterrey, Palacio de Gobierno, la Fiscalía General de la República, en las oficinas del empresario inmobiliario, logró su cometido cuando agentes de la Fiscalía ejecutaron una orden de aprehensión en contra de José "N", por delito de fraude otorgada en su contra por un Juez de Control en una audiencia en la que fue vinculado a proceso.
La Fiscalía señaló que él ahora detenido será internado en un Penal Estatal para ser investigado por su probable participación en hechos ilícitos relacionados con la oferta de proyectos inmobiliarios. Por los mismos hechos imputados a José "N", la autoridad judicial ordenó a Manuel "N", abogado de PROYECTOS 9, el internamiento voluntario inmediato en cumplimiento a la medida cautelar impuesta.
Y finaliza el comunicado de prensa “La FGJNL reafirma su compromiso para procurar justicia de manera pronta, completa e imparcial en el Estado”.
Presión social logra abrir las compuertas de la Fiscalía a reclamos
Dispersos por la individualidad de los casos, algunos con casi 10 años de haber demandado al empresario Lobatón Bernard sin recibir respuesta de la Fiscalía, solicitaron ayuda y orientación a los abogados Raymundo Ramírez Pompa y Ernesto Villarreal Landeros, quienes recomendaron organizarse con orden, integrar comisiones responsables por cada edificio, nombres de los afectados, ubicación, si hay denuncia o no.
Las víctimas defraudadas entre las que destacan jóvenes y adultos mayores, algunos que invirtieron los ahorros de toda la vida en la preventa de departamentos en ocho edificios que al día de hoy no existen, mostraban problemas de salud como: depresión, ansiedad, alta presión entre otras ante la incertidumbre de quedarse sin patrimonio; sostuvieron su primera reunión colectiva el 12 de abril, y sin miedo tomaron el acuerdo de defender su dinero.
Ramírez Pompa les explicó a los afectados que tenían un derecho por ser víctimas, exigir que la Fiscalía diera un impulso a la mayor brevedad a las denuncias, no están pidiendo ningún favor, es una obligación dela autoridad recibir la denuncia para que tengan la información y citen a los demandados, que expliquen la situación de cada uno de los afectados.
Liliana Leal, de profesión abogada y psicologa, enfrenta problemas de salud, quien invirtió $5 millones de pesos en un departamento del edificio Sohl desde 2019, manifestó que la entrega de su departamento se le haría en 2026, pero a la fecha el edificio solo cuenta con la construcción de los cimientos; así se encuentran otros proyectos como: Lola, Lalo, Moca Verde Moca Amarillo y Moca Azul.
Agregó que la expectativa de los inversionistas defraudados era contar con un patrimonio pero la realidad es que fueron objeto de un engaño de parte del empresario Lobatón Bernad, quien se niega a dar la cara a los afectados. Recientemente ante medios de comunicación, el empresario comentó en su defensa que la pandemia del COVID-19,la falta de liquidez, el freno de permisos para la construcción, y el alto costo del financiamiento, provocaron la crisis financiera que retrasó la entrega de los edificios afectando a los inversionistas.
Tras la detención de José “N”, señalado por su implicación en el presunto fraude de PROYECTOS 9, el Dr. Gerardo Rincón Flores, representante legal de varios inversionistas afectados, subrayó, la relevancia de que más víctimas interpongan denuncias formales para fortalecer las carpetas de investigación y avanzar en la reparación del daño.
Rincón Flores, quien ha dado seguimiento al caso desde el ámbito jurídico, agregó que este avance representa un paso significativo en la búsqueda de justicia para quienes presuntamente fueron afectados por este esquema inmobiliario.
Asimismo, destacó que el objetivo principal es que las víctimas puedan recuperar el patrimonio y obtener una compensación conforme a derecho. Dentro de la documentación presentada ante las autoridades también figura el nombre de Luis CIBAD Hernández Solano, integrante del equipo jurídico encabezado por el Dr. Rincón Flores, quien participa activamente en el análisis legal y seguimiento de las investigaciones relacionadas con PROYECTOS 9.
Defraudados por la inmobiliaria CREARE solicitarán juicio político contra autoridades judiciales
Afectados por un presunto fraude de la inmobiliaria CREAREDesarrollos protestaron en la Explanada de los Héroes, frente a Palacio de Gobierno, exigiendo juicio político en contra del Fiscal General del Estado, Javier Flores Saldívar y la presidenta del Poder Judicial del Estado, Laura Paula Córdova Rodríguez por comportamientos irregulares en el proceso que se le sigue al empresario César Alejandro “N”.
El abogado de las víctimas, Raymundo Ramírez Pompa, comentó que presentarán una solicitud para iniciar un procedimiento de juicio político en el Congreso de la Unión en contra de los funcionarios judiciales, al aplazar de manera constante dentro del sistema judicial estatal las audiencias en contra del empresario inmobiliario.
Agregó que más de mil afectados de la Desarrolladora CREARSE se basarán en el artículo 110 de la Constitución Federal para formalizar una solicitud de juicio político ante el Congreso de la Unión.
Por su parte, explicó que se presentaran pruebas de comportamientos irregulares en donde se ha denegado la justicia y existe un interés directo, y por la trascendencia del caso y la cantidad de víctimas, una vez que el Congreso declare que procede el juicio político, el Senado de la República se constituirá como jurado.
