Monterrey, México.- Desde Monterrey, representantes de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) de varios estados de la República, denunciaron extorsiones y abusos de agentes de tránsito y empresas de grúas y corralones a su paso por Nuevo León.
Al menos cuatro decenas de empresarios, vicepresidentes y delegados de la Conatram, denunciaron públicamente las extorsiones de los agentes de tránsito que padecen en Nuevo León, y los montos exagerados que cobran los servicios de grúas, llegando hasta los 500 mil pesos, particularmente de la empresa Garages y Talleres.
En rueda de prensa conjunta en un hotel del centro de Monterrey, los representantes del transporte de carga señalaron que son principalmente los municipios de San Pedro Garza García, de Ciénega de Flores y de García en los que tienen los mayores problemas.
Denunciaron que tras manifestarse el año pasado por las extorsiones en la entidad, otros sitios como Apodaca, Cadereyta, Zuazua, Escobedo, Pesquería, Salinas Victoria, El Carmen, San Nicolás y Monterrey han establecido mecanismos de atención, coordinación y diálogo para impedir abusos y detenciones arbitrarias de los elementos de tránsito.
Los transportistas denunciaron abusos sistemáticos y actos de extorsión por parte de elementos de tránsito municipal de San Pedro Garza García, Ciénega de Flores y García, quienes utilizan la amenaza de remisión a corralón mediante grúa como mecanismo de presión para exigir pagos indebidos, apoyándose en reglamentos de tránsito que contravienen la Ley de Movilidad y Seguridad Vial al establecer el uso de la grúa como supuestos excesivos, incluso en conductas que no ameritan legalmente dicha medida, establecieron a través de un comunicado de prensa leído en el evento.
Otro punto mencionado fue el de la anarquía y cobros excesivos en el servicio de grúas y corralones, con tarifas desproporcionadas que alcanzan miles de pesos en pocos días de resguardo, por maniobras que en muchos casos ni siquiera realizan, y por robo de diesel, desmantelamiento de piezas de las unidades mientras están en esos lugares.
Diego Bolio Coron, vicepresidente de grúas nacional de la Conatram y delegado de Jalisco, denunció que muchas empresas de todo el país ya no quieren venir a Nuevo León por el acoso que padecen, y por las pérdidas millonarias que en suma tienen los agremiados y sus clientes porque no sólo tienen que pagar multas, grúas y corralones, sino porque el tener detenidos insumos y productos impacta líneas de producción a más de 40 industrias a las que atienden.
Lo anterior, sin tomar en cuenta las pérdidas de cargas completas cuando se trata de productos perecederos, que tienen fechas de caducidad.
Acudieron a la rueda de prensa, representantes de Zacatecas, Coahuila, Tamaulipas, Chiapas, Yucatán, Chihuahua, Guanajuato, Morelia, Puebla, Tlaxcala, San Luis Potosí, Michoacán, Jalisco, Durango, Aguascalientes, entre otros.
Igualmente, denunciaron abusos en los operativos establecidos por las policías de investigación de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León por detenciones arbitrarias, revisiones ilegales y afectaciones al libre tránsito del autotransporte de carga
Demandaron la instalación de una mesa de trabajo urgente con la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nuevo León y los presidentes municipales de la zona metropolitana y periférica de Monterrey, para establecer acciones inmediatas que frenen los abusos, se sancione a los malos elementos de tránsito y se avance en la armonización y homologación entre las leyes de movilidad del Estado, los reglamentos de tránsito municipales y las tarifas estatales de infracciones, grúas y corralones de su competencia.
Además,coordinación inmediata del Gobierno de Nuevo León con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para inspeccionar, a los permisionarios y concesionarios de grúas y corralones, verificando el cumplimiento de permisos, concesiones, tarifas autorizadas y obligaciones legales, así como retirar del servicio a quienes operen fuera del marco normativo.
También, reuniones de trabajo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a fin de establecer mecanismos efectivos de supervisión, coordinación y control, que garanticen el respeto al marco legal vigente y la investigación y sanción de actos de extorsión.
Por último, reunión con las presidencias de las Comisiones de Justicia y Seguridad, Movilidad y Economía del Congreso del Estado, para impulsar reformas legislativas a la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial para el Estado de Nuevo León, así como al Código Penal del Estado.
