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Adultos mayores deben acceder de manera segura a vacuna contra COVID-19: CEDHNL

Inclusión Social
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La logística debe respetar las disposiciones sanitarias y preferenciales

Por Reyes Gamez

Monterrey, México (Agencia de Noticias 3er Sector).- La Fase 2 de las brigadas de vacunación contra el COVID-19 en todo momento deben garantizar un acceso seguro a los adultos mayores, así la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL).

La CEDHNL emitió un exhorto que responde a la observancia de los eventos realizados en diferentes Municipios, con la finalidad de respetar las disposiciones sanitarias y preferenciales durante todo el plan de vacunación dirigido a la población de 60 y más años.

En el documento dirigido al Secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, se subraya que se deben adoptar las medidas necesarias para que que se garantice el pleno ejercicio del derecho a la salud de los adultos mayores.

“La CEDHNL emite un atento y respetuoso exhorto a fin de que, en atención a sus atribuciones, colabore con las diversas autoridades municipales en la implementación de las medidas, modificaciones y/o adaptaciones necesarias que tomen en cuenta las características y dificultades de las personas adultas mayores, a efecto de garantizar plenamente sus derechos humanos y un acceso adecuado, oportuno y sencillo a la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)”, señaló la Presidenta de la CEDHNL, Olga Susana Méndez Arellano.

Recordó que personal de la CEDHNL acudió a las brigadas de vacunación que se han realizado, ahí detectaron a cientos de adultos mayores en largas filas de espera para la aplicación, omitiendo las disposiciones sanitarias, como por ejemplo el distanciamiento social y de accesibilidad.

Méndez Arellano enfatizó que “este Organismo debe resaltar que, conforme a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, existe una obligación por parte de las autoridades de garantizar condiciones óptimas para el ejercicio de sus derechos, como lo es el derecho a recibir una ‘atención preferencial', la cual obliga a las instituciones públicas a implementar programas acordes a las diferentes etapas, características y circunstancias de las personas adultas mayores”.