Ciudad de México.- El acceso a la información es un mecanismo para vigilar, denunciar y controlar el manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (Fone), afirmó Joel Salas Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
“Si bien es cierto que hubo un control en el posible mal ejercicio del gasto por la centralización, a través del Fone, nos damos cuenta que sigue habiendo grandes áreas de discrecionalidad que prevalecen en los sindicatos”, enfatizó al participar en la presentación del estudio La impunidad en la nómina magisterial. Uso y abuso del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo, de Marco Fernández Martínez.
Los principales hallazgos del estudio, presentado por México Evalúa y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey, señalan que las irregularidades más graves se presentaron en Chihuahua, Aguascalientes y Coahuila, donde se destinaron más de 100 millones de pesos para pagos indebidos a comisionados sindicales, de 2015 al segundo trimestre de 2018.
Asimismo, indican que las prácticas evidenciadas y documentadas siguen en “completa impunidad”, pues de las 125 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación ante la Fiscalía General de la República, entre 2008 y 2019, por irregularidades que superan los 6 mil millones de pesos, 123 se encuentran en proceso de integración, una fue desechada y otra cuenta con un amparo.
“Fue gracias a la transparencia, al acceso a la información que México Evalúa, a través de este estudio, nos esboza hallazgos de que algo no está bien, de que sigue habiendo márgenes discrecionales en la asignación de los recursos de este fondo”, enfatizó el comisionado del INAI.
Ante ello, Joel Salas planteó que, si las irregularidades detectadas en la operación del Fone persisten, hoy ya se cuenta con un nuevo diseño institucional ante el cual se pueden presentar las denuncias correspondientes.
Precisó que el país ya cuenta con una Fiscalía General de la República autónoma, una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Estatales Anticorrupción, instancias ante las cuales las personas pueden acudir para denunciar presuntas irregularidades en el uso de los recursos destinados a la nómina educativa.
Joel Salas agregó también que a la fecha ya están vigentes las modificaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la nueva tipificación de delitos en el Código Penal Federal, que establece definiciones claras de los actos de corrupción.
En la presentación del estudio participaron el autor, Marco Fernández Martínez, profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa; Edna Jaime Treviño, fundadora y directora general de México Evalúa; Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey; Patricia Vázquez del Mercado Herrera, ex consejera del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y Sonia del Valle, coordinadora de Advocacy en el Centro de Estudios sobre Políticas Educativas.
