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La exclusión de alumnos con discapacidad del sistema educativo general es discriminatoria e inconstitucional: SCJN

Inclusión Social
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En el Estado mexicano no se puede concebir la existencia de dos sistemas educativos.

Por Reyes Gamez/Agencia de Noticias 3er Sector

Monterrey, México.- Al resolver el amparo en revisión 714/2017, contra la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista y la Ley General de Educación, en respuesta a la queja interpuesta por 137 personas con discapacidad, en 2015; los Ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinaron que los alumnos con discapacidad deben integrarse al sistema educativo sin reglas ni excepciones, ya que cualquier exclusión es discriminatoria e inconstitucional.

 

"De acuerdo con el derecho fundamental a la educación inclusiva, todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad pertenecen y deben integrarse al sistema educativo “general u ordinario”–sin reglas ni excepciones–, por lo que cualquier exclusión con base en esa condición resultará discriminatoria y, por ende, inconstitucional", señalaron los Ministros, por lo que se declaró inconstitucional la disposición legal que propicia la coexistencia de dos sistemas educativos, uno regular –para todos los alumnos- y otro especial –para las personas con discapacidad-.

Agregaron que "en el Estado mexicano no se puede concebir la existencia de dos sistemas educativos: uno regular, para todos los alumnos, y otro especial, para las personas con discapacidad" y "más bien debe entenderse que existe un sistema educativo regular que es complementado con “herramientas de apoyo para lograr la inclusión en el sistema educativo regular” –y no propiamente un sistema de educación especial–, que han sido creadas por el legislador, precisamente, para identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad".

Los Ministros resolvieron "que las políticas y los recursos encaminados a formular prácticas genuinamente inclusivas deben primar sobre aquellas prácticas que tiendan a la separación, sea temporal o definitiva, de los educandos, atendiendo, entre otras consideraciones, a la discapacidad; para lo cual, progresivamente y hasta el máximo de los recursos posibles, se deberán tomar ajustes razonables, como lo son, entre otros, capacitar a profesores, adaptar las aulas a diferentes necesidades de los educandos y elaborar un plan de estudio que tome en cuenta las diferencias de los alumnos".

Además consideraron que "la escuela ordinaria con orientación inclusiva es la medida más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos, ya que los niños que se educan con sus pares tienen más probabilidades de convertirse en miembros productivos de la sociedad y de estar incluidos en su comunidad".

También la Sala destacó "que si bien es optativo para el alumno emplear las herramientas de apoyo para lograr la inclusión en el sistema educativo regular –como lo son los Centros de Atención Múltiple (CAM) y Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER)–, lo cierto es que esa opcionalidad en forma alguna podrá ser pretextada para excluir a los alumnos con discapacidad del sistema educativo regular".