Por Isabel Reviejo
México, (EFE).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debatirá mañana un proyecto que pide regular la publicidad oficial, un hecho que organizaciones civiles consideran fundamental para garantizar la libertad de expresión de los medios, que sufren la censura por la arbitrariedad de estos ingresos.
En el caso de que la Primera Sala aprobara el proyecto, elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, la SCJN obligaría al Legislativo a emitir una norma antes del 30 de abril de 2018 para que el Estado pueda asignar, de manera neutral, esos recursos entre los medios de comunicación.
La regulación de esta publicidad permanece como una de las promesas incumplidas del actual presidente, Enrique Peña Nieto (2012-2018), y mueve cantidades millonarias en el país.
De acuerdo con el informe anual de la organización Artículo 19, el Gobierno mexicano suma un gasto, desde el inicio del sexenio hasta diciembre de 2016, de 34.109 millones de pesos (unos 1.784 millones de dólares), según cifras preliminares de la Secretaría de la Función Pública.
El punto álgido de gasto fue en 2015, cuando el Ejecutivo de Peña Nieto destinó 9.801 millones de pesos (unos 513 millones de dólares) a este fin, es decir, un 25 % más que el año anterior.
Pese a estos números -a los que hay que sumarles la inversión de los gobiernos de cada uno de los estados-, la normativa no establece cómo repartir estos fondos.
Es más, en febrero de 2014 se publicó en Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se reformaban varias disposiciones de la Constitución y establecía que el Congreso debía expedir, antes del 30 de abril de ese mismo año, una ley que garantizara la transparencia en publicidad oficial.
Dado que esto no se cumplió, Artículo 19 inició un camino ante la justicia que le llevó, finalmente, ante la SCJN, considerando que las lagunas legales fomentan que haya un "espacio de control" y "censura sutil" por parte del Gobierno, dice a Efe el oficial del Programa de Derecho a la Información de la organización, Ricardo Luévano.
Los fondos "en realidad se destinan únicamente a medios a favor de narrativas gubernamentales; si eres un medio crítico, no tienes publicidad", afirma.
Agrega que la publicidad oficial actúa como la "caja chica" de los gobiernos, y que el hecho de que no haya una regulación también motiva que se gaste mucho más que lo aprobado en los presupuestos de la federación.
El proyecto de Zaldívar confirma que la falta de leyes en la materia "propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en materia de comunicación social, lo cual constituye un mecanismo de restricción o limitación directa de la libertad de expresión".
Esto propicia que los recursos fiscales acaben canalizados hacia los "medios afines a las posiciones del Gobierno" y no hacia los "medios críticos". Conlleva, además, un "efecto silenciador" para los periodistas, destaca el texto.
Con todo, el proyecto matiza que de ninguna de las disposiciones de la Constitución "se desprende que los medios de comunicación tengan un derecho a que se les asignen recursos estatales por difundir publicidad oficial".
Luévano remarca que desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ya se ha asegurado que la regulación sería "un avance considerable en toda la región".
Con esta "sentencia progresista", la Suprema Corte establecería que, por una omisión legislativa del Congreso de la Unión, se ha producido una "violación de derechos humanos", dejando "indefensas a las mayorías".
Tras la aprobación del proyecto, si se da, quedaría por resolver el tema de qué incluir en la ley, pero en principio, su mera existencia contribuiría a mejorar la transparencia.
El experto en Derecho de la Información menciona que, por ejemplo, el gobierno del estado suroriental de Quintana Roo, donde la mitad de hogares no tienen acceso a internet, ha decidido permanecer en la "total opacidad" y no ha declarado sus gastos en publicidad oficial.
Gracias a la normativa actual, "no contesta y no hay problema", señala Luévano. EFE
